El sindicato CSI.F ha denunciado que se están produciendo «cientos de reclamaciones» por las presuntas irregularidades detectadas en unas oposiciones para auxiliares administrativos del Sescam «al no respetarse las bases de la convocatoria» y que se suman a las críticas de CC.OO. el mes pasado sobre las pruebas para celadores. En este caso se trata de la fase de concurso del proceso selectivo del Grupo Auxiliar de la Función Administrativa de la Oferta de Empleo Público para las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam), a las que se presentaron 729 personas para cubrir 483 plazas y cuyo listado provisional de méritos se publicó el 14 de febrero pasado.
Según el CSI.F, el «elevado número de reclamaciones presentadas» se debe a que el tribunal haya decidido no valorar cursos que cumplen con el Anexo II de la convocatoria, de fecha 16 de octubre de 2009 y conforme a la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam. Así, el punto B de ese Anexo II establece un máximo de diez puntos por los diplomas o certificados que acrediten la formación continua relacionada con las plazas ofertadas, que se sumará al tiempo trabajado en la valoración final.
Lo que ocurre —agrega la nota de este sindicato— es que el tribunal opositor ha decidido unilateralmente e incumpliendo las bases de la convocatoria no admitir algunos de los cursos organizados por los organismos de la administración central, autonómica, universidades, instituciones sanitarias, organizaciones sindicales y entidades sin ánimo de lucro. «Esa decisión perjudica claramente a los opositores, que no podrán optar a las plazas ofertadas en las mismas condiciones que el resto de opositores de convocatoria anteriores, ya que en aquellas sí que se admitieron, al igual que se admiten como méritos en la Bolsa de trabajo del Sescam».
Para solventar este desaguisado el CSI.F solicita de la presidenta del tribunal calificador la corrección de este «tremendo e intolerable error», que no hace sino cuestionar la limpieza de un proceso publicado en el Diario de Castilla-La Mancha de octubre de 2009. Apelan por ello a la responsabilidad del director general de Recursos Humanos del Sescam, que es quien firma la resolución del proceso selectivo, para fijar objetivamente los criterios de la misma y acabar con la incertidumbre de los opositores.
Fuente: Diario El País
Se llaman inspectores accidentales. Vigilan y visitan los centros escolares y funcionan como los interinos, con puesto pero sin plaza fija. Las listas de las últimas oposiciones, convocadas el pasado julio y publicadas ahora, han creado "malestar" en el sector. Más de un tercio de los accidentales (34 de los 85 actuales, que cubren el 45% de las plazas del cuerpo) se han quedado en el camino, después de trabajar en sus puestos hasta 20 años en algunos casos. Sus representantes denuncian que la Consejería de Educación ha cambiado el proceso de selección para discriminarles y sustituirles por otros "más obedientes".
La consejería, que considera la convocatoria "plenamente ajustada a derecho", modificó el proceso de selección del tribunal y el modo de evaluación. En lugar de seleccionar a los miembros por sorteo, la Consejería eligió a dedo a tres de los cinco componentes. Y en lugar de sumar la puntuación de las pruebas teórica y práctica, la primera de las tres pruebas, que era teórica, fue eliminatoria. Los 34 inspectores accidentales eliminados se incorporan ya como docentes, casi a final de curso, a los colegios e institutos donde antes daban clase.
La asociación mayoritaria de inspectores (Adide) y los sindicatos CC OO y UGT se han quejado varias veces a Educación por este asunto. El 1 de marzo enviaron una carta donde aseguran que la modificación se ha hecho "de la manera más desfavorable para los inspectores accidentales". Creen que supone "una discriminación y un agravio" para el colectivo y una medida "inédita" en la Administración. Apelan al Real Decreto 276/2007 del Ministerio de Educación, el que regula el ingreso en cuerpos docentes. Esa normativa establece que el tribunal de unas oposiciones lo deben conformar un presidente elegido por la Administración y el resto de miembros designado por sorteo.
Los inspectores sostienen que no hay "ninguna norma en vigor" que permita los cambios que introduce la consejería. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) del pasado septiembre invalida precisamente unas oposiciones a inspector por una "irregularidad". En ese caso, como en este, los miembros del Tribunal fueron seleccionados y no designados por sorteo.
La prueba eliminatoria suponía desarrollar el temario de legislación del Ministerio de Educación. Los inspectores denuncian que es "primar la memoria a la experiencia". "Han ninguneado a los accidentales, no han respetado su trabajo, hay un gran malestar con el proceso", denuncia Juan José Reina, presidente de Adide. "Quieren una inspección que responda a criterios de obediencia", añade Marcelino Guerrero, representante de los inspectores de CC OO. Su sindicato prepara un recurso contencioso contra el procedimiento. Consideran que el cambio "obedece a un intento del Gobierno de controlar políticamente la función inspectora", según Paco García, secretario de Enseñanza del sindicato en Madrid. Su homólogo en UGT, Eduardo Sabina, denuncia además que todo el proceso se modificara "sin negociarlo con los representantes de los trabajadores".
El Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero ha convocado para este año 2.781 plazas en su oferta de empleo público, que limita la tasa de reposición de efectivos al 10% (en Educación hasta el 30%), como ya ocurriera el año pasado, con lo que de cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se cubrirá una plaza. Según el Gobierno, esta oferta responde a la necesidad de contención del gasto público y la utilización eficiente de recursos. Ya el pasado año recortó en un 87% las plazas de nuevo ingreso; y en el 2009, la oferta pública de empleo fue un 42% menor que en el año 2008.
REGIONES LIMITROFES
De las comunidades limítrofes con Extremadura, solamente Castilla y León ha sacado ya su oferta pública de empleo para este año, cifrada en 1.247 plazas, un 15% menos que en el 2010, con la apuesta por los servicios sociales, la sanidad y la educación.
A LA ESPERA
La gran mayoría de comunidades autónomas aún no han aprobado la oferta de empleo público para sus regiones y muchas se han limitado al ámbito educativo. El Gobierno de La Rioja aprobó la semana pasada la oferta de empleo público de la comunidad autónoma de La Rioja para este año, que contempla 38 plazas vacantes de administración general y del servicio riojano de salud. Esta convocatoria, según el Ejecutivo riojano, cumple estrictamente con los criterios fijados por el Gobierno central en la Ley de Presupuestos Generales de 2011 que establece el 10% de la tasa de reposición. Por otro lado, comunidades como Asturias anunciaron en su día que no iban a convocar oferta de empleo público para 2011. Además, Galicia, Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha todavía no han aprobado su oferta de empleo para este año.
Según informa Diario de Cádiz, la aprobación definitiva de la ley del sector público en el Parlamento el mes pasado no ha venido compañada de un descenso de la temperatura en el conflicto, que sigue al rojo vivo. Ayer, sin ir más lejos, se vivió un episodio que pone de manifiesto la tensión en el seno del colectivo de funcionarios y empleados públicos de la Junta contrarios a la nueva norma que reordena el sector. Y el escenario fue el santuario de la Administración autonómica: el edificio de Torretriana, donde tienen su sede varias consejerías del Ejecutivo andaluz.
Trabajadores de la Junta contrarios a la ley boicotearon y consiguieron impedir que dirigentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) celebraran una asamblea convocada a comienzos de esta semana para informar cómo afecta a los trabajadores dicha norma. UGT, junto con CCOO, terminó dando su apoyo al Gobierno autonómico, después de que éste incluyera en la ley algunas de las modificaciones propuestas por los sindicatos. Los funcionarios y empleados públicos pertenecientes a otras centrales como CSIF, Ustea o Safja y a diversas plataformas contrarias a la medida de la Administración, consideran a UGT y CCOO sindicatos "amigos" de la Junta, que no han dudado en alinearse con las tesis del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán.
Con este escenario de enfrentamiento, alrededor de trescientos trabajadores de Torretriana reventaron la convocatoria de UGT, que no llegó a celebrarse. Dirigentes de la central ugetista, como el secretario general de FSP-UGT, Antonio Tirado, que iba a participar en el acto, tuvo que ser escoltado por la Policía. No se produjeron agresiones, pero fuentes de UGT indicaron que sí se registraron momentos de alta tensión y que algunos de sus miembros fueron escupidos y víctimas de lanzamientos de monedas. Los servicios jurídicos del sindicato están estudiando la posibilidad de interponer una denuncia porque algunos funcionarios "secuestraron" a las personas que habían acudido a la asamblea, que quedó abortada.
"Les molesta que se les compare con la kale borroka, pero se comportan de la misma forma", criticó Tirado. Funcionarios y empleados públicos que han venido desarrollando desde el inicio del conflicto acciones de protesta contra actos protagonizados por el propio presidente de la Junta, consejeros y altos cargos del PSOE desde que el Ejecutivo dio a conocer sus intenciones de reformar el sector público, llegaron a ser tildados en su día de "fascistas" -por el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez- y de "batasunos" -por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro-. "Es que lo que han hecho con nuestra asamblea es lo que hacen los de la kale borroka en el País Vasco con las convocatorias de las organizaciones demócratas. Eso es fascismo puro", denunció Tirado. Y se preguntó: "¿Van a impedir todas las asambleas a partir de ahora?". Las centrales embocan ahora la campaña de las elecciones sindicales en la Administración, un periodo plagado de esta clase de convocatorias.
El dirigente de UGT criticó que el boicot a la asamblea anunciada por su sindicato se hiciera desde el anonimato. Esta vez no hubo iconografía de ningún tipo, ni camisetas de colores ni siglas, pero fuentes ugetistas aseguraron que "detrás están los de siempre", en alusión a miembros de los sindicatos que rechazan la ley -entre los que destacan CSIF, Ustea o Safja- y de plataformas, entre la que sobresale la PEPA. En opinión de Tirado, desde estas organizaciones se está practicando un "acoso y derribo" no sólo de los miembros de UGT y CCOO, sino también de aquellos trabajadores que están de acuerdo con la reordenación de la función pública.
El secretario general de la FSP-UGT no escondió su temor porque "algún día pase algo grave", al entender que la crispación está aumentando cada vez más en las dependencias de la Administración. En este sentido, Tirado cargó también contra los cuadros de mando, a quienes consideró responsables directos de incidentes como el de ayer por no evitarlos. "Porque, ¿cómo es posible que toda esa gente estuviera fuera de sus puestos de trabajo si no tenían intención de asistir a la asamblea?". Se preguntó. Tirado censuró que incluso llegara a sugerirse a UGT que celebrara la asamblea por la tarde.
El Instituto Nacional de Estadística ha realizado un estudio sobre población activa del que se han hecho eco publicaciones como 'El Econimista', y las estadísticas son claras: las Administraciones Públicas no han hecho más que generar nuevos puestos de trabajo, tanto a nivel estatal, como a nivel autonómico y local.
Así mientras el año 2010 se ha caracterizado por una disminución importante en la generación de empleo para el sector privado, en el que se han creado dos millones de empleos menos en comparación al 2007, para el sector público la tendencia es totalmente inversa.
En conjunto, las distintas Administraciones del Estado han pasado de 3.065.000 empleados en 2009 a 3.168.500 al año siguiente y este año se mantendrá este crecimiento. Desglosando por Administraciones, el estudio revela que la Administración Central del Estado sumó 51.800 personas a su plantilla, mientras que las Administraciones Autonómicas crearon 57.800 nuevos puestos, y la Seguridad Social incrementó su número de empleados en 4.900 personas.
A su vez las estadísticas reflejan esta misma tendencia en años anteriores a 2010.
Tomando como medida el trienio 2008-2010, la Administración Central ha incrementado igualmente su número de empleados, y en el caso de Comunidades y ayuntamientos el comportamiento es idéntico: las Comunidades Autónomas han pasado aproximadamente de 1.500.000 trabajadores a 1.750.000, y los ayuntamientos han crecido de 613.300 asalariados a 657.200. Y las empresas e instituciones públicas han contratado a 6.500 nuevos trabajadores.
A nivel de Comunidades Autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía son las que encabezan el ranking en cuanto a nuevas contrataciones: Madrid contaba con 431.900 empleados públicos a principios del 2008 y se sitúa a finales del 2010 con 514.600, Andalucía ha contratado a 63.800 nuevos trabajadores, y finalmente Cataluña ha hecho lo mismo con 46.500 personas.
Esta evolución contrasta frontalmente con la mostrada para el sector privado, donde tomando el mismo rango de medida (2008-2010) el número de empleados ha descendido de casi 14 millones a poco más de 12 para finales del año pasado; esto es, casi 2 millones de trabajadores han perdido su empleo.
Unas estadísticas que resaltan una vez más que las Administraciones Públicas funcionan en cuanto a generación de nuevos puestos de trabajo, las cifras hablan por sí solas, imposible dejar más claro que conseguir un puesto de funcionario es ahora mismo una opción más que segura.
