30/12/11
Polémica por un vídeo de la Junta de Andalucía que presenta a los funcionarios como vagos, maleantes y xenófobos
Los vientos de crisis levantan oleadas de envidia hacia los funcionarios entre la opinión pública. Pero esa 'mala fama' se ha traspasado ahora a los opositores en un video costeado con fondos públicos de la Junta de Andalucía en el que se ridiculiza a un aspirante a empleado público en una campaña de sensibilización contra la xenofobia.
Los sindicatos CSIF-A y Safja han exigido a la Junta de Andalucía la retirada "inminente" del vídeo promocional de la campaña 'Andalucía somos todos' sobre inmigración por "vulnerar la imagen del opositor" y además exigen el "cese inmediato" de los responsables de este vídeo "que falta el respeto a los opositores".
CSIF-A ha explicado que ha exigido por escrito al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y al consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, la retirada "inminente" del corto en el que dos padres de alumnos conversan a la puerta de un colegio sobre los inmigrantes.
La Consejería de Empleo "atenta directamente contra la imagen y la integridad del opositor y, por ende, del empleado público", asegura el sindicato CSIF-A. En un momento del video, uno de los padres reprocha al otro que lleve cinco años preparando oposiciones sin contribuir a la economía doméstica.
Para el presidente de CSIF-A, Rafael Hurtado de Mendoza, es "indignante y lamentable que la propia Administración andaluza sea la que atenta contra la imagen de sus empleados, tachándolos en el vídeo de incultos, improductivos, insolidarios, xenófobos y racistas".
Daño a la imagen
En este sentido, para Hurtado de Mendoza "no tiene calificativos que sea la propia Junta de Andalucía la que, después de haber atentado contra los derechos de los empleados públicos en tantas ocasiones vuelva a intentar dañar la imagen de sus trabajadores, exportando una imagen repleta de estereotipos y tópicos cuando, paradójicamente, anuncia que dicha campaña esta destinada precisamente a eliminar tópicos y estereotipos".
Así, el presidente de la Unión Autonómica de CSIF-A ha insistido "en la necesidad de que el vídeo de la campaña sea retirado de inmediato", anunciando, si este hecho no se produce, "la ejecución de las medidas necesarias para que la imagen del opositor y del empleado público no sea vulnerada".
Piden la retirada
Por su parte, Safja va a presentar un escrito ante la Consejería de Empleo, el Instituto Andaluz de la Administración Pública y Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública donde "exige responsabilidades, la retirada del video en cuestión y el cese inmediato de quienes han permitido esta corrosiva campaña, cofinanciada por el Fondo Social Europeo".
En una nota, Safja muestra su "más absoluto rechazo a este video irrespetuoso y denigrante para los opositores, futuros funcionarios públicos". El personaje que se presenta como opositor "presume de un discurso racista, inculto y plagado de prejuicios".
Esta "descarada" actitud del Ejecutivo andaluz es "innecesaria, vergonzosa e infame, cuyo único fin es mofarse de los ciudadanos, ridiculizar, deteriorar y crear un rechazo social hacia el colectivo de opositores".
El vídeo está protagonizado por 'El Culebra' y 'El Cabesa', dos humoristas sevillanos que se dieron a conocer precisamente por una serie de mucho éxito de vídeos colgados en internet producidos por Mundo Ficción en la que incorporaban estereotipos muy asentados en la población sevillana. En la actualidad ruedan el que será su primer largometraje, 'El mundo es nuestro'.
Convocan oposiciones para siete plazas de médico de familia en La Rioja
La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha convocado un concurso oposición para cubrir siete plazas vacantes de la categoría de Médico de Familia en Equipos de Atención Primaria, pertenecientes a personal estatutario fijo del Servicio Riojano de Salud.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado de estas 7 plazas dos serán de acceso libre, cuatro de promoción interna y una estará reservada a una persona con discapacidad.
Esta convocatoria corresponde a la Oferta de Empleo Público 2011 y se suma a otras iniciativas de la Consejería para alcanzar cupos óptimos de pacientes por médico de familia y, por otro, estabilizar y consolidar las plazas de los facultativos.
El Ejecutivo riojano recuerda que en la comunidad se ha alcanzado el cupo de 1.500 tarjetas sanitarias por médico de Atención Primaria gracias a la incorporación a principios de 2011 de 5 nuevos profesionales en los centros de salud de Calahorra, Alberite (para el consultorio de Villamediana), Cascajos, Gonzalo de Berceo y Siete Infantes de Lara, estos tres últimos en Logroño.
Además se reordenaron los cupos de los de Santo Domingo, Nájera, Arnedo, Joaquín Elizalde y Espartero, los dos últimos en Logroño.
Con estas medidas, el promedio actual de los cupos por médico de familia se sitúa en La Rioja en 1.193 tarjetas sanitarias.
Además, concluye el comunicado, Salud ha aumentado un 12,4 por ciento la plantilla de médicos de familia, que ha pasado de 201 a los 226 actuales.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado de estas 7 plazas dos serán de acceso libre, cuatro de promoción interna y una estará reservada a una persona con discapacidad.
Esta convocatoria corresponde a la Oferta de Empleo Público 2011 y se suma a otras iniciativas de la Consejería para alcanzar cupos óptimos de pacientes por médico de familia y, por otro, estabilizar y consolidar las plazas de los facultativos.
El Ejecutivo riojano recuerda que en la comunidad se ha alcanzado el cupo de 1.500 tarjetas sanitarias por médico de Atención Primaria gracias a la incorporación a principios de 2011 de 5 nuevos profesionales en los centros de salud de Calahorra, Alberite (para el consultorio de Villamediana), Cascajos, Gonzalo de Berceo y Siete Infantes de Lara, estos tres últimos en Logroño.
Además se reordenaron los cupos de los de Santo Domingo, Nájera, Arnedo, Joaquín Elizalde y Espartero, los dos últimos en Logroño.
Con estas medidas, el promedio actual de los cupos por médico de familia se sitúa en La Rioja en 1.193 tarjetas sanitarias.
Además, concluye el comunicado, Salud ha aumentado un 12,4 por ciento la plantilla de médicos de familia, que ha pasado de 201 a los 226 actuales.
Andalucía convocará 2.389 plazas en las oposiciones de Secundaria y FP de 2012
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía convocará un total de 2.389 plazas en las oposiciones al cuerpo de profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional (FP) que se celebrarán en verano de 2012 y que, por primera vez, tras cinco años de 'sistema transitorio', se realizarán al amparo del Real Decreto de 2007, lo que supone la pérdida de 'privilegios' para los docentes interinos en el proceso selectivo.
Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien ha detallado que 1.922 plazas serán para Secundaria, 219 para FP, 92 para Escuelas Oficiales de Idiomas, 138 para Música y Artes Escénicas y 18 para Artes Plástica y Diseño.
Con esta oferta de empleo público docente, según ha valorado Álvarez de la Chica, el Gobierno andaluz cumple con el compromiso anunciado el pasado verano cuando, tras convocar las oposiciones correspondientes al cuerpo de maestros de Infantil y Primaria, ya expresó su "voluntad" de realizar una nueva oferta de empleo público docente "al amparo de la legislación vigente".
"Ahora lo hacemos con los mismos fundamentos jurídicos y políticos que en la oferta de Primaria, respetando de forma escrupulosa y cabal los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están vigentes y que parece que lo seguirán durante una buena parte del próximo año", ha defendido el consejero ante los posibles problemas que puedan surgir en los próximos meses en caso de que el Ejecutivo central de Mariano Rajoy apruebe unos nuevos presupuestos que no contemplen la creación de empleo público en materia educativa.
Por el momento, tal y como ha subrayado el consejero, Rajoy "no descartó" en su discurso de investidura de este lunes la convocatoria de empleo público docente porque, según interpreta la Junta, ésta se incluiría dentro de la de "fuerzas de seguridad y servicios básicos" anunciada por el líder del PP. Además, Álvarez de la Chica ha insistido en que estas 2.389 plazas respetan la tasa de reposición de los actuales PGE que, "de forma evidente, van a ser prorrogados" y que, por tanto, no es momento ahora de hacer "suposiciones" porque éstas serían "interminables".
Además, Álvarez de la Chica ha enumerado otras características que posee Andalucía y que, a juicio del Gobierno andaluz, justifican estas 2.389 nuevas plazas para que el sistema educativo andaluz funcione de forma adecuada. Así, ha explicado que Andalucía tiene el "sistema educativo que más crece" de España y que, en consecuencia, "no puede prescindir de ni un solo profesor ni en Primaria ni en Secundaria".
Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien ha detallado que 1.922 plazas serán para Secundaria, 219 para FP, 92 para Escuelas Oficiales de Idiomas, 138 para Música y Artes Escénicas y 18 para Artes Plástica y Diseño.
Con esta oferta de empleo público docente, según ha valorado Álvarez de la Chica, el Gobierno andaluz cumple con el compromiso anunciado el pasado verano cuando, tras convocar las oposiciones correspondientes al cuerpo de maestros de Infantil y Primaria, ya expresó su "voluntad" de realizar una nueva oferta de empleo público docente "al amparo de la legislación vigente".
"Ahora lo hacemos con los mismos fundamentos jurídicos y políticos que en la oferta de Primaria, respetando de forma escrupulosa y cabal los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están vigentes y que parece que lo seguirán durante una buena parte del próximo año", ha defendido el consejero ante los posibles problemas que puedan surgir en los próximos meses en caso de que el Ejecutivo central de Mariano Rajoy apruebe unos nuevos presupuestos que no contemplen la creación de empleo público en materia educativa.
Por el momento, tal y como ha subrayado el consejero, Rajoy "no descartó" en su discurso de investidura de este lunes la convocatoria de empleo público docente porque, según interpreta la Junta, ésta se incluiría dentro de la de "fuerzas de seguridad y servicios básicos" anunciada por el líder del PP. Además, Álvarez de la Chica ha insistido en que estas 2.389 plazas respetan la tasa de reposición de los actuales PGE que, "de forma evidente, van a ser prorrogados" y que, por tanto, no es momento ahora de hacer "suposiciones" porque éstas serían "interminables".
Además, Álvarez de la Chica ha enumerado otras características que posee Andalucía y que, a juicio del Gobierno andaluz, justifican estas 2.389 nuevas plazas para que el sistema educativo andaluz funcione de forma adecuada. Así, ha explicado que Andalucía tiene el "sistema educativo que más crece" de España y que, en consecuencia, "no puede prescindir de ni un solo profesor ni en Primaria ni en Secundaria".
¿Se acaban las oposiciones?
José Eugenio Soriano García
Las noticias rumorean que el viernes se acaba la convocatoria de plazas para el “empleo” público, fórmula políticamente correcta de confundir sobre el acceso a la Administración, al mezclar indebidamente lo que es, en efecto, puro empleo sindicalmente controlado y el tradicional camino hacia la función pública y que ahora, creo, el nuevo Gobierno debería esforzarse en distinguir correctamente para, de una vez por todas, volver a la senda correcta de la transparencia y competencia y competitividad vinculadas a la que fuera honorable forma de servir públicamente, como fue la función pública durante más de un siglo.
En el César Carlos y en el San Alberto Magno, tradicionales colegios mayores de estancia de opositores, se respira un ambiente fúnebre. Una generación entera va a ser sacrificada en aras de la inmediata anterior que, vía empleo público — en ocasiones muy corruptamente incorporado especialmente en algunas Autonomías y Ayuntamientos - se han incorporado definitivamente a la cosa pública sin el menor problema y sin, en muchas veces, el menor esfuerzo.
Y sin embargo, hay muchas oposiciones que preparan precisamente para servir en puestos que no constituyen tanto un gasto como una inversión. A la cabeza de todas, están los Jueces, un cuerpo absolutamente necesario para dar confianza y seguridad jurídica, claves elementos para conseguir recuperación económica que a su vez es el fundamento de la salida de la crisis. De una u otra forma, en un Estado de Derecho, todo puede acabar pasando en muchas ocasiones por los Juzgados. Y estos no deben convertirse en la antesala del Purgatorio. Para ello, resulta desde luego obligado realizar muchas reformas. Pongamos por caso, que en el contencioso administrativo la suma de inadmisiones, desestimaciones e inejecuciones no sea mayor que la de estimaciones ejecutadas (un sueño que hoy por hoy queda en eso, una ilusión propia de un mundo mejor).
Pero sin duda alguna, junto con muchas reformas grandes y pequeñas (entre estas últimas, por ejemplo, imponer horarios de presencia en los Juzgados mañana y tarde y entre las primeras, entre otras, ante todo, cambiar el protervo Consejo General del Poder Judicial, fijar de verdad la responsabilidad de los Jueces o examinar en profundidad el tema de las costas o reducir las dilaciones con reforma importante de la Oficina), digo, junto con las reformas grandes, el primer desafío que impone la crisis económica es la de crear y disponer de un número de Jueces apropiados.
Los países se juzgan, cada vez más, por su seguridad jurídica. Y la agilidad, fiabilidad y certeza son los elementos a partir de los cuales se formulan los rangos y jerarquías que permiten colocar a un país por encima de otro.
Si acudimos al World Economic Forum resulta que la Justicia española no es de las más fiables ni prestigiadas, ocupando un puesto más bien bajo: E l Informe Global de Competitividad del World Economic Forum colocó a España en el puesto 63 -entre 142 países- en eficacia y eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias. En el discurso de investidura, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció que "lisa y llanamente, esto no puede seguir así".
Por tanto, no tiene el menor sentido que ahora, conociendo el problema y la cuestión, se pueda llegar a decir que las oposiciones a Jueces se han acabado. Y digo bien además, oposiciones. Porque en un país con tanto amiguismo y tendencia a la colocación en puestos públicos (y privados) como es España, tendríamos un problema gravísimo si prescindiéramos de un sistema que garantiza bastante el mérito y la capacidad. Lo peor que puede ocurrir en la Justicia, como en parte ha sucedido ya en el empleo público, es que sean nombrados por los partidos políticos quienes van a formar parte del Tercer Poder. O existe mérito y capacidad o simplemente será la pura designación política y el sectarismo, la ignorancia y la amistad — enemistad, las que determinarían quienes serían los Jueces, con lo cual, el desastre completo para nuestro país está asegurado y además sería perenne.
Un juez, en lo que cuesta, es un costo de inversión y no de gasto. Y esto tiene que tenerlo absolutamente en cuenta el Presidente del Gobierno y en general los rectores políticos. No se puede abordar este asunto desde la perspectiva del mero costo de reposición cero. Eso es condenar a la sociedad entera a la pobreza, porque exactamente, los Jueces crean con su seguridad jurídica, riqueza. Imaginen un país con soluciones rápidas, fiables, seguras y predecibles en las controversias judiciales. Ese país ganaría en prestigio muchos puestos en los rangos de competitividad mundial.
Máxime, volvamos ahora a la exigencia de que sí se continúen proveyendo puestos en la carrera judicial (y adlátere) si tenemos en cuenta que la supresión del acceso a esta carrera sería una debilitación del Estado frente a las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, etc, las cuales, con matices, van a continuar proveyéndose de puestos, haga lo que haga y diga lo que diga el Estado. En la Universidad, en los últimos cinco años, se han proveído por la llamada ANECA más de 14.000 puestos, en total. Súmenlo al presupuesto y extraigan las consecuencias. Y Premios Nobel por las esquinas, pues no se ven.
Es en el Estado donde hay que programar y planificar de acuerdo con el principio de realidad, examinando las necesidades, las exigencias y todo ello de conformidad con cálculos económicos. No se puede dejar de quejar un inversor extranjero o un empresario español de que, pongamos por caso, un Juzgado Contencioso en un asunto de ahora a lo mejor lo cita para el año… 2014, por lo menos, y luego pedirle que invierta. Es responsabilidad y culpa directa del Estado no hacerlo así. Por ello, ahora, precisamente, y como medida anticrisis, de abandonar las oposiciones, nada de nada. Todo lo contrario: háganse aquellas que fueren necesarias para que los recursos económicos funcionen. Si no, este abandono será eso, un abandono definitivo de la esperanza de salir de la crisis.
Las noticias rumorean que el viernes se acaba la convocatoria de plazas para el “empleo” público, fórmula políticamente correcta de confundir sobre el acceso a la Administración, al mezclar indebidamente lo que es, en efecto, puro empleo sindicalmente controlado y el tradicional camino hacia la función pública y que ahora, creo, el nuevo Gobierno debería esforzarse en distinguir correctamente para, de una vez por todas, volver a la senda correcta de la transparencia y competencia y competitividad vinculadas a la que fuera honorable forma de servir públicamente, como fue la función pública durante más de un siglo.
En el César Carlos y en el San Alberto Magno, tradicionales colegios mayores de estancia de opositores, se respira un ambiente fúnebre. Una generación entera va a ser sacrificada en aras de la inmediata anterior que, vía empleo público — en ocasiones muy corruptamente incorporado especialmente en algunas Autonomías y Ayuntamientos - se han incorporado definitivamente a la cosa pública sin el menor problema y sin, en muchas veces, el menor esfuerzo.
Y sin embargo, hay muchas oposiciones que preparan precisamente para servir en puestos que no constituyen tanto un gasto como una inversión. A la cabeza de todas, están los Jueces, un cuerpo absolutamente necesario para dar confianza y seguridad jurídica, claves elementos para conseguir recuperación económica que a su vez es el fundamento de la salida de la crisis. De una u otra forma, en un Estado de Derecho, todo puede acabar pasando en muchas ocasiones por los Juzgados. Y estos no deben convertirse en la antesala del Purgatorio. Para ello, resulta desde luego obligado realizar muchas reformas. Pongamos por caso, que en el contencioso administrativo la suma de inadmisiones, desestimaciones e inejecuciones no sea mayor que la de estimaciones ejecutadas (un sueño que hoy por hoy queda en eso, una ilusión propia de un mundo mejor).
Pero sin duda alguna, junto con muchas reformas grandes y pequeñas (entre estas últimas, por ejemplo, imponer horarios de presencia en los Juzgados mañana y tarde y entre las primeras, entre otras, ante todo, cambiar el protervo Consejo General del Poder Judicial, fijar de verdad la responsabilidad de los Jueces o examinar en profundidad el tema de las costas o reducir las dilaciones con reforma importante de la Oficina), digo, junto con las reformas grandes, el primer desafío que impone la crisis económica es la de crear y disponer de un número de Jueces apropiados.
Los países se juzgan, cada vez más, por su seguridad jurídica. Y la agilidad, fiabilidad y certeza son los elementos a partir de los cuales se formulan los rangos y jerarquías que permiten colocar a un país por encima de otro.
Si acudimos al World Economic Forum resulta que la Justicia española no es de las más fiables ni prestigiadas, ocupando un puesto más bien bajo: E l Informe Global de Competitividad del World Economic Forum colocó a España en el puesto 63 -entre 142 países- en eficacia y eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias. En el discurso de investidura, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció que "lisa y llanamente, esto no puede seguir así".
Por tanto, no tiene el menor sentido que ahora, conociendo el problema y la cuestión, se pueda llegar a decir que las oposiciones a Jueces se han acabado. Y digo bien además, oposiciones. Porque en un país con tanto amiguismo y tendencia a la colocación en puestos públicos (y privados) como es España, tendríamos un problema gravísimo si prescindiéramos de un sistema que garantiza bastante el mérito y la capacidad. Lo peor que puede ocurrir en la Justicia, como en parte ha sucedido ya en el empleo público, es que sean nombrados por los partidos políticos quienes van a formar parte del Tercer Poder. O existe mérito y capacidad o simplemente será la pura designación política y el sectarismo, la ignorancia y la amistad — enemistad, las que determinarían quienes serían los Jueces, con lo cual, el desastre completo para nuestro país está asegurado y además sería perenne.
Un juez, en lo que cuesta, es un costo de inversión y no de gasto. Y esto tiene que tenerlo absolutamente en cuenta el Presidente del Gobierno y en general los rectores políticos. No se puede abordar este asunto desde la perspectiva del mero costo de reposición cero. Eso es condenar a la sociedad entera a la pobreza, porque exactamente, los Jueces crean con su seguridad jurídica, riqueza. Imaginen un país con soluciones rápidas, fiables, seguras y predecibles en las controversias judiciales. Ese país ganaría en prestigio muchos puestos en los rangos de competitividad mundial.
Máxime, volvamos ahora a la exigencia de que sí se continúen proveyendo puestos en la carrera judicial (y adlátere) si tenemos en cuenta que la supresión del acceso a esta carrera sería una debilitación del Estado frente a las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, etc, las cuales, con matices, van a continuar proveyéndose de puestos, haga lo que haga y diga lo que diga el Estado. En la Universidad, en los últimos cinco años, se han proveído por la llamada ANECA más de 14.000 puestos, en total. Súmenlo al presupuesto y extraigan las consecuencias. Y Premios Nobel por las esquinas, pues no se ven.
Es en el Estado donde hay que programar y planificar de acuerdo con el principio de realidad, examinando las necesidades, las exigencias y todo ello de conformidad con cálculos económicos. No se puede dejar de quejar un inversor extranjero o un empresario español de que, pongamos por caso, un Juzgado Contencioso en un asunto de ahora a lo mejor lo cita para el año… 2014, por lo menos, y luego pedirle que invierta. Es responsabilidad y culpa directa del Estado no hacerlo así. Por ello, ahora, precisamente, y como medida anticrisis, de abandonar las oposiciones, nada de nada. Todo lo contrario: háganse aquellas que fueren necesarias para que los recursos económicos funcionen. Si no, este abandono será eso, un abandono definitivo de la esperanza de salir de la crisis.
El CGPJ pide que Gallardón no recorte las oposiciones
El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado al nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que no paralice "las pruebas selectivas para ingreso en la carrera judicial" al entender que el exceso de trabajo acumulado en los órganos judiciales requiere un mayor número de jueces y magistrados.
El CGPJ ha pedido de forma complementaria al Ministerio de Justicia la creación urgente de 50 unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la nueva promoción de la Escuela Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial " entiende que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como jueces de adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas".
El Consejo además señala en su solicitud a Gallardón " la necesidad de elaboración por parte del Ministerio de Justicia de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años".
El objetivo de esta medida es que " por una parte vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial" y por otra parte ir eliminando la carga de trabajo acumulada por los órganos judiciales en los últimos años.
La vocal Almudena Lastra ha discrepado sobre el acuerdo de la Comisión Permanente al considerar que no es conveniente que sea la Comisión Permanente quien formule la petición al Ministerio de Justicia, sino que debería haber sido el Pleno del CGPJ.
El CGPJ ha pedido de forma complementaria al Ministerio de Justicia la creación urgente de 50 unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la nueva promoción de la Escuela Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial " entiende que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como jueces de adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas".
El Consejo además señala en su solicitud a Gallardón " la necesidad de elaboración por parte del Ministerio de Justicia de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años".
El objetivo de esta medida es que " por una parte vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial" y por otra parte ir eliminando la carga de trabajo acumulada por los órganos judiciales en los últimos años.
La vocal Almudena Lastra ha discrepado sobre el acuerdo de la Comisión Permanente al considerar que no es conveniente que sea la Comisión Permanente quien formule la petición al Ministerio de Justicia, sino que debería haber sido el Pleno del CGPJ.
13/12/11
El descontento lleva al plante de muchos aspirantes a maestro en Navarra
"Desilusión", "malestar", "resignación"… Minutos antes de comenzar el examen, el Aulario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) era un hervidero de gente y sensaciones encontradas. Divididos en dos grupos, 10.279 personas estaban llamadas este domingo a presentarse a las oposiciones para una de las 65 plazas de Nivel E convocadas por el Gobierno de Navarra. Y muchos lo hicieron con evidente "indignación". Unos a las 10.00 de la mañana y el resto, a las 13.00 horas. Finalmente, sólo el 47,8 por ciento de los convocados, 4.918, decidió presentarse.
Los motivos del descontento fueron diversos y, según explicaron algunos de los opositores, afectaron a su preparación. El principal, la reducción del número de plazas ofertadas, ya que sólo se dispusieron 65 de las 167 previstas inicialmente -55 para Servicios Generales, 3 para empleados de Servicios Múltiples y 7 para vigilantes de museos-. Pero también hubo otras razones que propiciaron las críticas de los aspirantes: el "retraso" en la convocatoria del examen, la inclusión en el temario del apartado referente a cocina, "cuando se habían suprimido casi todas las plazas" de esta especialidad; la "escasa" duración de las pruebas -20 y 40 minutos para dos tests de 50 y 75 preguntas respectivamente-; o la "ampliación del plazo de inscripción", una vez que "ya se había cerrado". Tras conocerse las bases finales de la oposición, 2.043 personas solicitaron la devolución de las tasas abonadas. Miembros del Tribunal apuntaron a este medio que las respuestas de los cuestionarios se harán públicas este lunes en el tablón de anuncios y la web del Gobierno de Navarra, mientras que los resultados provisionales se darán a conocer por el mismo método a última hora del martes o a lo largo del miércoles.
Elena Inda, de 36 años, aseguró que se siente "fatal" y "resignada". "Es un engaño a todos los que nos presentamos. La reducción de las plazas ha sido drástica. Nos han hecho creer que había plazas, pero parece que han ido a recaudar dinero, a coger los 15 euros de cada uno de los aspirantes… Al final te presentas porque te has preparado, pero con pocas perspectivas de sacar una plaza con tantas personas examinándose", analizó de entrar en el aulario.
Junto a ella, Ana María Fernández, de 43 años, también se mostró especialmente enojada con la gestión del Ejecutivo navarro: "Lo que más me ha molestado ha sido la organización, que hayan quitado de repente tantas plazas pero no el temario específico de las plazas suprimidas, especialmente en el apartado de cocina. No han retirado toda la oposición por vergüenza torera y por no tener que devolver todas las tasas. Han mantenido estas plazas de cara a la galería, pero para el turno libre sólo hay 26, porque las demás son de turno de promoción y discapacidad".
A juicio de Fernández, son muchos los aspectos en los que se ha actuado "mal". "El tiempo para responder a los cuestionarios es escasísimo, ya que no tenemos ni siquiera un minuto por pregunta. No pedí la devolución de las tasas porque estoy en paro y tengo que intentarlo. Antes trabajaba en Gamesa de Alsasua, pero me quedé sin empleo tras el cierre de la compañía. Acababa de adoptar a dos niños de Etiopía, renuncié a la recolocación porque en ese momento no podía estar todo el día fuera de casa y finalmente, decidí presentarme", resaltó.
"DESCONTROL" Y "CACHONDEO"
Para Javier Hernández, de 23 años, los meses previos al examen se caracterizaron por el "descontrol". "Primero dieron una fecha, luego se atrasó… Han actuado viéndolas venir. Todo eso te influye de manera inevitable. Yo, por ejemplo, me preparé en verano porque estoy estudiando y ahora no he podido prepararme tanto. Y no he pedido la devolución de las tasas porque como había estudiado en su momento, tenía que intentarlo. Pero estoy molesto porque no han respetado las fechas iniciales previstas", argumentó.
Tal vez todos estos factores hayan propiciado que personas como Betania Ibáñez, de 30 años, llegaran al día de la prueba "con pocas ganas". En su caso, se había formado a conciencia en una academia, pero apenas alberga esperanzas de obtener el ansiado trabajo en la Administración. "Estoy completamente desilusionada. Si antes ya era muy difícil, ahora tengo muy pocas posibilidades. Visto lo visto, con aprobar y entrar en las listas de contratación temporal me conformo. No espero plaza tal y como está el tema", subrayó.
Miriam Eraso, también de 30 años, fue contundente a la hora de definir estas oposiciones. "Entre una cosa y otra, ha sido un cachondeo. Han ido cambiando todo. Estoy descontenta porque han hecho todo muy mal. Tú cuando te presentas o te vas a preparar cuentas con un número de plazas concreto y ahora, sin embargo, es que hay poquísimas… Otra de las cosas que se han hecho mal es que ampliaron el plazo de inscripción cuando ya se había cerrado. Entonces, aún se presentó más gente", remarcó.
En la misma línea se manifestó Gorka de las Heras, de 29 años, que calificó de "vergonzoso" todo lo ocurrido. No obstante, no comparte algunas de las críticas vertidas hacia el Gobierno que preside Yolanda Barcina, ya que a su juicio, "la reducción de plazas hay que verla como en una empresa cualquiera", donde "si no tienes dinero para contratar a 200, contratas a 10". Ahora bien, aunque "no se puede achacar tanta culpa" al Ejecutivo foral por esta cuestión, "sí se le puede responsabilizar por los sueldos tan altos que se han atribuido mientras aquí reducen el número de puestos".
CARAS LARGAS TRAS EL EXAMEN
Tras las pruebas, varios aspirantes confirmaron que sí les habían formulado preguntas sobre el temario de cocina, tal y como sospechaban. Y calificaron de "complicados" los cuestionarios. "A pesar de lo ocurrido con las plazas de cocina, había preguntas sobre alimentos. Ha habido muy poca formalidad y seriedad por parte del Gobierno de Navarra. Saben jugar muy bien con las ilusiones de la gente, cuando todos somos trabajadores y vamos de frente. Ellos, mientras tanto, hacen las cosas por la espalda y sin que tengamos ni idea de lo que hay detrás", señaló Ricardo Castillo, de 32 años.
Poco antes de abandonar la UPNA, Daniel Álvarez, de 27 años, también se sumó a la oleada de reproches hacia el Departamento de Administración Pública, que dirige Roberto Jiménez. "Todos estos meses han sido de locura. Me siento indignado, pero ahora poco puedo hacer. Ya sólo toca esperar a los resultados", indicó visiblemente resignado.
Los motivos del descontento fueron diversos y, según explicaron algunos de los opositores, afectaron a su preparación. El principal, la reducción del número de plazas ofertadas, ya que sólo se dispusieron 65 de las 167 previstas inicialmente -55 para Servicios Generales, 3 para empleados de Servicios Múltiples y 7 para vigilantes de museos-. Pero también hubo otras razones que propiciaron las críticas de los aspirantes: el "retraso" en la convocatoria del examen, la inclusión en el temario del apartado referente a cocina, "cuando se habían suprimido casi todas las plazas" de esta especialidad; la "escasa" duración de las pruebas -20 y 40 minutos para dos tests de 50 y 75 preguntas respectivamente-; o la "ampliación del plazo de inscripción", una vez que "ya se había cerrado". Tras conocerse las bases finales de la oposición, 2.043 personas solicitaron la devolución de las tasas abonadas. Miembros del Tribunal apuntaron a este medio que las respuestas de los cuestionarios se harán públicas este lunes en el tablón de anuncios y la web del Gobierno de Navarra, mientras que los resultados provisionales se darán a conocer por el mismo método a última hora del martes o a lo largo del miércoles.
Elena Inda, de 36 años, aseguró que se siente "fatal" y "resignada". "Es un engaño a todos los que nos presentamos. La reducción de las plazas ha sido drástica. Nos han hecho creer que había plazas, pero parece que han ido a recaudar dinero, a coger los 15 euros de cada uno de los aspirantes… Al final te presentas porque te has preparado, pero con pocas perspectivas de sacar una plaza con tantas personas examinándose", analizó de entrar en el aulario.
Junto a ella, Ana María Fernández, de 43 años, también se mostró especialmente enojada con la gestión del Ejecutivo navarro: "Lo que más me ha molestado ha sido la organización, que hayan quitado de repente tantas plazas pero no el temario específico de las plazas suprimidas, especialmente en el apartado de cocina. No han retirado toda la oposición por vergüenza torera y por no tener que devolver todas las tasas. Han mantenido estas plazas de cara a la galería, pero para el turno libre sólo hay 26, porque las demás son de turno de promoción y discapacidad".
A juicio de Fernández, son muchos los aspectos en los que se ha actuado "mal". "El tiempo para responder a los cuestionarios es escasísimo, ya que no tenemos ni siquiera un minuto por pregunta. No pedí la devolución de las tasas porque estoy en paro y tengo que intentarlo. Antes trabajaba en Gamesa de Alsasua, pero me quedé sin empleo tras el cierre de la compañía. Acababa de adoptar a dos niños de Etiopía, renuncié a la recolocación porque en ese momento no podía estar todo el día fuera de casa y finalmente, decidí presentarme", resaltó.
"DESCONTROL" Y "CACHONDEO"
Para Javier Hernández, de 23 años, los meses previos al examen se caracterizaron por el "descontrol". "Primero dieron una fecha, luego se atrasó… Han actuado viéndolas venir. Todo eso te influye de manera inevitable. Yo, por ejemplo, me preparé en verano porque estoy estudiando y ahora no he podido prepararme tanto. Y no he pedido la devolución de las tasas porque como había estudiado en su momento, tenía que intentarlo. Pero estoy molesto porque no han respetado las fechas iniciales previstas", argumentó.
Tal vez todos estos factores hayan propiciado que personas como Betania Ibáñez, de 30 años, llegaran al día de la prueba "con pocas ganas". En su caso, se había formado a conciencia en una academia, pero apenas alberga esperanzas de obtener el ansiado trabajo en la Administración. "Estoy completamente desilusionada. Si antes ya era muy difícil, ahora tengo muy pocas posibilidades. Visto lo visto, con aprobar y entrar en las listas de contratación temporal me conformo. No espero plaza tal y como está el tema", subrayó.
Miriam Eraso, también de 30 años, fue contundente a la hora de definir estas oposiciones. "Entre una cosa y otra, ha sido un cachondeo. Han ido cambiando todo. Estoy descontenta porque han hecho todo muy mal. Tú cuando te presentas o te vas a preparar cuentas con un número de plazas concreto y ahora, sin embargo, es que hay poquísimas… Otra de las cosas que se han hecho mal es que ampliaron el plazo de inscripción cuando ya se había cerrado. Entonces, aún se presentó más gente", remarcó.
En la misma línea se manifestó Gorka de las Heras, de 29 años, que calificó de "vergonzoso" todo lo ocurrido. No obstante, no comparte algunas de las críticas vertidas hacia el Gobierno que preside Yolanda Barcina, ya que a su juicio, "la reducción de plazas hay que verla como en una empresa cualquiera", donde "si no tienes dinero para contratar a 200, contratas a 10". Ahora bien, aunque "no se puede achacar tanta culpa" al Ejecutivo foral por esta cuestión, "sí se le puede responsabilizar por los sueldos tan altos que se han atribuido mientras aquí reducen el número de puestos".
CARAS LARGAS TRAS EL EXAMEN
Tras las pruebas, varios aspirantes confirmaron que sí les habían formulado preguntas sobre el temario de cocina, tal y como sospechaban. Y calificaron de "complicados" los cuestionarios. "A pesar de lo ocurrido con las plazas de cocina, había preguntas sobre alimentos. Ha habido muy poca formalidad y seriedad por parte del Gobierno de Navarra. Saben jugar muy bien con las ilusiones de la gente, cuando todos somos trabajadores y vamos de frente. Ellos, mientras tanto, hacen las cosas por la espalda y sin que tengamos ni idea de lo que hay detrás", señaló Ricardo Castillo, de 32 años.
Poco antes de abandonar la UPNA, Daniel Álvarez, de 27 años, también se sumó a la oleada de reproches hacia el Departamento de Administración Pública, que dirige Roberto Jiménez. "Todos estos meses han sido de locura. Me siento indignado, pero ahora poco puedo hacer. Ya sólo toca esperar a los resultados", indicó visiblemente resignado.
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