Abierto el plazo de instancias para las plazas de Auxiliar Administrativo y Técnico de Gestión

Pese a la que está cayendo, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de instancias para plazas tan demandadas como la de Auxiliar Administrativo.

Se ha publicado en el BOE de 16 de mayo de 2011 extracto de las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a 615 plazas de Auxiliar Administrativo y20 plazas de Técnicos de Gestión del Ayuntamiento de Madrid. De las cuales:

Auxiliares Administrativos:

• 553 plazas se reservan para el turno de acceso libre
• 55 plazas para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad.
• 62 plazas para el turno de promoción interna.

Técnicos de Gestión:

• 14 plazas se reservan para el turno de acceso libre
• 2 plazas para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad.
• 2 plazas para el turno de promoción interna.

Las bases específicas se publicaron en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 27 de abril de 2011 y 13 de abril de 2011, respectivamente.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, por tanto finaliza el día 6 de junio de 2011.

>> Acceso a la instancia

>> Instrucciones para cumplimentar la instancia

• El sistema selectivo es oposición (no hay fase de concurso).
• Todas las plazas son para Madrid.

La Junta de Andalucía no teme que el Estado recurra sus oposiciones a maestro

El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica (en la foto, primero por la izquierda), ha considerado que la convocatoria de oposiciones para maestro para el próximo curso en la Comunidad Autónoma tiene "amparo jurídico y político" y ha asegurado que el Gobierno de España no le ha comunicado "ni oficial ni extraoficialmente" que vaya a recurrirlas, como sí ha hecho ya en otras comunidades por incumplir lo estipulado en la Ley de Presupuestos Generales.


En declaraciones a los periodistas en Granada, el consejero ha querido mandar en ese sentido "un mensaje de tranquilidad" a los más de 35.000 opositores en Andalucía, y ha señalado que a ellos les corresponde "estudiar y prepararse bien" y a la Administración Autonómica "disponerlo todo para que las oposiciones se celebren cuando están previstas".


Según ha indicado, en Andalucía la decisión de convocar la oferta pública de empleo cumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que permite, en su artículo 23.1, "concentrar un 10 por ciento de crecimiento en plazas de funcionario en aquellos aspectos que considera esenciales", y además cumple "con los andaluces estableciendo en la educación su principal política". 


"Tenemos el sistema educativo más importante de España, el que más crece y que más va a crecer en el próximo curso, ya que uno de cada tres alumnos del país será andaluz. Por tanto necesitamos de los recursos humanos, maestros y maestras, para atender nuestra obligación como Comunidad Autónoma. Es nuestra responsabilidad y así lo estamos haciendo", ha mantenido el consejero, que ha informado además que, de producirse algún requerimiento por parte del Gobierno, el Ejecutivo andaluz defenderá "con la máxima lealtad institucional" sus planteamientos, que considera "ajustados a derecho y con fundamente políticos". 


Así, ha afirmado que las oposiciones no han sido recurridas y que, en el caso de que lo fueran por la Abogacía del Estado, la Junta de Andalucía tendría un plazo para hacer las alegaciones correspondientes. "Nosotros entendemos que cuando acordamos la manera y el número de plazas de la oferta pública de empleo lo hicimos con el conocimiento y el acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas, que es el competente en la función pública en España, por lo tanto el Gobierno tenía pleno conocimiento", ha dicho.

Ustea planta batalla a los estatutos de las agencias públicas de Andalucía

El sindicato Ustea ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos contenciosos administrativos contra los estatutos de las agencias públicas, contempladas en la Ley de Reordenación del sector público andaluz, y contra lo protocolos que han sido aprobados y publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).


Así, según han informado fuentes de Ustea, el sindicato está a la espera de que sean admitidos a trámite estos recursos. Según señalan, la Administración "sigue" aprobando los estatutos de las agencias públicas y los protocolos de integración del personal "al igual que como ocurrió con la LEY 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, sólo con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO".


De manera, que critican que "de nuevo se vuelve a obviar a los sindicatos más representativos de la mesa sectorial de negociación, que rechazaron la citada ley y ahora los estatutos y protocolos".


Ustea afirma que, como ya denunció en la última mesa sectorial, "no ha participado ni en la aprobación de los estatutos ni en la negociación de los protocolos de integración", por lo que su "oposición es total" ante "toda operativa" iniciada con los decretos 5 y 6/2010 y mantenida con la ley 1/2011, por cuanto afecta a "un gran número" de empleados públicos "sin que se haya negociado ni consultado con la mayoría de los representantes sindicales, tanto en el ámbito funcionarial como laboral".

Los sindicatos se movilizan contra el freno estatal a las oposiciones a maestro

Las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, CSI-F, FETE-UGT y USTEA han convocado a todo el profesorado andaluz y especialmente "a interinos, aspirantes y docentes en paro" a celebrar una concentración el próximo miércoles 11 de mayo a las 18,00 horas ante las subdelegaciones del Gobierno de las ocho capitales de provincia andaluzas para mostrar así su "más rotundo rechazo" al recurso anunciado por la Abogacía del Estado contra la oferta de 3.796 plazas de maestro en Andalucía.


Según han explicado estos sindicatos en un comunicado conjunto, la iniciativa del Gobierno central de recurrir la convocatoria de empleo público docente de Andalucía y de otras comunidades crea "un conflicto innecesario entre los docentes aspirantes a ocupar un puesto como funcionario en el sistema educativo andaluz".


Ante ello, ANPE, CCOO, CSI-F, FETE-UGT y USTEA --los sindicatos participantes en la Mesa Sectorial de Educación por ser los más representativos del profesorado andaluz-- se han puesto de acuerdo para organizar concentraciones conjuntas contra este recurso. Sobre todo, aseguran, porque las 3.796 plazas de maestro están "justificadas" por las necesidades del propio sistema educativo andaluz.


"La mejora de la Educación requiere contar con plantillas suficientes y estables, por lo que este tipo de medidas no benefician en nada la calidad del sistema educativo público andaluz", han zanjado. Darán más detalles de las concentraciones el próximo lunes 9 de mayo en una rueda de prensa que han convocado en Sevilla, a las 11,00 horas, en la sede del sindicato mayoritario de los docentes, CSI-F.

El PP denuncia que en Fuenlabrada prima el enchufismo familiar en la administración local

El candidato del PP a la Alcaldía de Fuenlabrada, Manuel Molina (en la foto), ha manifestado que en el Ayuntamiento de la localidad trabajan "familias completas" y que en el Consistorio prima el "principio de consanguinidad", después de que el Gobierno local se haya negado, según ha asegurado, a facilitar a la oposición la relación de personas que trabajan en la administración local.


Así lo ha recalcado Molina en la presentación de su candidatura tras subrayar la necesidad de impulsar un Gobierno municipal "transparente y cercano". "No nos quieren decir quién trabaja en el Ayuntamiento porque podríamos hacer un árbol genealógico", ha indicado el responsable popular.


En estos términos se refería el candidato del PP al Ejecutivo que dirige el socialista Manuel Robles, al que ha acusado a su vez de ser el principal responsable de una ciudad "paralizada y sin inversiones" donde existe una preocupante situación de "paro, crisis y ausencia de valores y principios" que ha generado "jóvenes sin futuro".


Por su parte, fuentes municipales no han querido entrar a valorar las acusaciones del candidato popular por entender que carecen de fundamento.

El Estado recurre 6.431 de las 8.720 plazas de maestro

El Gobierno central ha recurrido las oposiciones docentes de 2011 de tres comunidades: Castilla y León, Cataluña y Navarra. Lo ha hecho la Abogacía del Estado siguiendo instrucciones del Ministerio de Economía y Hacienda. Entienden que han rebasado el tope de plazas impuesto dentro de las medidas anticrisis en los Presupuestos Generales del Estado. Además, según aseguraron ayer fuentes del Gobierno, también van a recurrir por el mismo motivo las oposiciones de Extremadura, Aragón, Andalucía y Baleares. Así, se quedan en vilo, pendiente de la decisión de los tribunales superiores de esas autonomías, la gran mayoría de las plazas de profesores (el 72%) de una convocatoria de 2011 que ya era de tiempos de crisis. Esas siete comunidades suman 6.341 de las 8.720 plazas ofertadas este año y UGT calcula que harían falta en torno a 14.000.


Las oposiciones para reponer las plantillas de profesores de la enseñanza pública han estado este año en mitad de un fuego cruzado. Entre los meses de enero y febrero, las comunidades empezaron a sumarse a un efecto en cadena que iniciaron Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria al anunciar que no iban a celebrar exámenes este año. Dijeron que no les merecía la pena sacar a concurso tan pocas plazas como les exigía la ley: solo se puede cubrir el 10% de las jubilaciones de funcionarios que se generen, aunque en el caso de los docentes, la tasa se elevó hasta el 30%.


Sin embargo, tras varias semanas de tira y afloja, de protestas de quienes se están preparando los exámenes (los sindicatos ANPE y CC OO calculan son entre 100.000 y 200.000 y que pueden llegar a gastarse más de 1.000 euros en academias cada uno) y, sobre todo, después de que Andalucía se descolgara diciendo que iba cubrir todas las vacantes, la sangría no fue tanta como pudo parecer en un principio. El Ministerio de Educación también instó a las comunidades a convocar -eso sí, cumpliendo la ley-. Así, finalmente, han sido cinco las autonomías que no celebran oposiciones este año (las que lo dijeron desde el principio más La Rioja y Canarias), y entre las 12 que sí las harán suman más de 8.700 plazas.


Sin embargo, ahora, la Abogacía del Estado considera que esas siete comunidades que llevará a los tribunales y que acumulan la gran mayoría de esa oferta han "vulnerado el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público" que se había fijado como máximo en la Ley de Presupuestos del Estado. De ese modo, explica un portavoz de la Consejería de Educación de Castilla y León, los tribunales deberán decidir en las próximas semanas si suspenden o no las oposiciones recurridas. El caso es que cada comunidad ha interpretado las restricciones del Gobierno de manera distinta. En Castilla y León, donde la oferta de empleo público es de 510 plazas, el Gobierno regional calculó las jubilaciones, y la tasa de reposición, teniendo en cuenta los dos últimos años.


Las ofertas de empleo público para cada uno de los dos cuerpos docentes se suelen convocar en años alternos; un año para infantil y primaria y al siguiente, para secundaria. Es decir, Castilla y León sumó las jubilaciones del año anterior a las de este al no haberse hecho examen para maestros en 2010.


Andalucía, por su parte, aprobó la oferta más amplia de todo el país: 3.796 plazas de maestros. Y admite que sobrepasa con creces la limitación del 30% de reposición. De hecho, su oferta cubre el 100% de las bajas y contempla el crecimiento neto de la plantilla de docentes, como se había comprometido el Gobierno regional. Sin embargo, la Junta aseguró que impondría restricciones en las oposiciones del resto de funcionarios de su Administración para que, globalmente, la tasa de reposición no superara ese 10% marcado. El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública había aceptado esta interpretación. Sin embargo, si finalmente se presenta el recurso anunciado ayer, a Economía no le han servido esas explicaciones.


Los sindicatos CC OO, STES-i, ANPE, CSIF y UGT pidieron abiertamente a las comunidades a mediados de febrero que convocaran exámenes sin tener en cuenta el límite del 30%, ya que "congelar o publicar una escasa oferta supone un retroceso en la calidad de la educación y puede generar un conflicto social", señalaron las centrales en un comunicado conjunto.

Acusaciones de favoritismo en el acceso al empleo público gallego

Cristina Huete

El barón del PP en Ourense y presidente de la Diputación, José Luis Baltar Pumar, ha llenado la campaña electoral de promesas de empleo. Fundamentalmente para sus candidatos, aquellos que deben garantizarle los votos que vuelvan a sentarlo, tras más de dos décadas, en la presidencia del organismo desde la que se prevé que deje el puesto a su vástago, José Manuel Baltar Blanco, quien ya lo ha sustituido al frente del partido.


Mientras su hijo mitinea por la provincia presentando listas electorales, buena parte de sus integrantes -o sus hijos y parientes directos- van superando exámenes en la institución a la espera de garantizarse un empleo de por vida. Un considerable número de candidatos de las listas del PP elegidos por Baltar Blanco de al menos una docena de ayuntamientos de la provincia, están pendientes del aprobado definitivo para un empleo que debe firmar en la Diputación su padre cerrando el círculo.


En Barbadás, en donde gobierna desde hace décadas el baltarista José Manuel Freire Couto, figura como suplente de la candidatura la compañera del "fiel Eladio" Fernández, el tránsfuga exlíder provincial del PSOE que en cinco minutos de una mañana del año pasado abandonó una larga militancia socialista para compartir el "entusiasmante proyecto" de Baltar Blanco. Mientras pide el voto para el PP, la candidata suplente se examina para una plaza en la Diputación.Freire tiene ya sobrinos trabajando en el Ayuntamiento y en la policía local de Barbadás. Una sobrina más ha aprobado el primer examen para la plaza de auxiliar administrativo de la Diputación y una cuñada ha aprobado también una prueba para hacerse con un empleo de subalterno en la misma institución.


La plaza de auxiliar administrativo está muy demandada. La nieta del alcalde de Lobeira, Emilio Higuero, ha sido incluida como número siete en la lista por ese municipio. Entre mitin y mitin prepara el segundo examen -también aprobó el primero- de esa misma plaza. Como el alcalde y candidato de Montederramo, Antonio Rodríguez, o el hijo del alcalde y número uno de la lista de Muíños, el vicepresidente de la Diputación, Plácido Álvarez.


Pugnan, entre actos de precampaña, por el mismo puesto, la concejala y candidata de San Cristobo de Cea, María del Mar Conde, y la número tres de la lista de Cea, Pilar García Tizón -que ya ha estado contratada- y una hija del alcalde y candidato de Cea, José Luis Valladares, que ya tiene a otros dos vástagos y a una cuñada empleados en la institución provincial. Junto a todos ellos, el hijo del alcalde de Boborás y candidato, Cipriano Caamaño, que como todos los demás aprobó también el primer ejercicio, lo mismo que la cuñada del exalcalde de Xinzo, Isaac Vila, suplente en la lista de este municipio, que superó también la primera prueba para la misma plaza de auxiliar administrativo.


Ya en la candidatura al Ayuntamiento de Ourense, mientras el exárbitro internacional de fútbol, Bernardino González Vázquez, número ocho de la lista, se ha hecho ya con empleo -hace apenas unos días, aunque de momento no ha ocupado la plaza-, otros parientes del resto de candidatos aspiran a la misma ansiada plaza de auxiliar administrativo. Son los casos del hijo del candidato número nueve, Odilo Masid; la cuñada del candidato número 14, José Araujo, y la hija del también candidato y exalcalde de Ourense que cierra simbólicamente la lista ourensana, Antonio Caride-Tabarés. Otros miembros de la misma lista ourensana han tenido ya el favor de Baltar que ha contratado a sus hijos en la Diputación. Como la hija del número 13, Aurelio Gómez Villar, en el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico; la del número 17, José Mayo; o la de la exconcejala y ahora candidata simbólica en los últimos puestos de la lista, Antonia Rilo -exconsuegra de Baltar-, con puesto fijo en el mismo instituto de desarrollo económico dependiente de la Diputación.


Otras plazas que oferta Baltar estos días en la institución provincial, por las que pugnan un buen número de candidatos -o parientes- de su partido son la de legoeiro -la persona encargada del cuidado de las carreteras y caminos públicos- y subalterno.


El número dos de la lista de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, ya aprobó el primer examen de la oposición de legoeiro y otra primera prueba, también, para una plaza de chófer especialista. El candidato es, además, miembro de la nueva ejecutiva provincial del Partido Popular. También superó la primera prueba la número tres de Parada do Sil, Silvia Carreño; el hijo del candidato de Piñor, José Luis González, y el número nueve de Nogueira de Ramuín, Juan Luis Cachaldora, que también compaginará la campaña electoral con los estudios de la oposición. El nieto de uno de los candidatos de Xinzo de Limia, Daniel Blanco, aprobó igualmente el primer examen para una plaza de subalterno.

Las oposiciones al Estado

María Nieves Aguarta Asín

Los días 7 y 8 de abril se publicaron en el BOE varios procesos selectivos para acceso, por el sistema general de acceso libre, a los cuerpos de auxiliares, administrativos y de gestión de organismos autónomos del Estado, por el proceso de consolidación de empleo temporal. Pero el sistema de acceso no es tan "libre", ya que, una vez que pasas la oposición (escandalosamente más sencilla que la del turno general), hay un concurso en el que "los servicios prestados" se valoran con 40 puntos, igual que el máximo que se puede conseguir en el primer examen. Si lo comparamos con el otro criterio de valoración, la formación que puntúa un máximo de cinco puntos, el criterio de antigüedad es desproporcionado.


El total de plazas por puestos son: auxiliares, 218 plazas, administrativos, 111 plazas, y cuerpo de gestión, 127 plazas. Un total de 456 plazas que se otorgan sin tener en consideración la ley que establece las formas de provisión de puestos de trabajo en la Administración pública. Me parece un despropósito de este Gobierno, que no tiene en cuenta ni la capacidad de los opositores que se dejan su esfuerzo y su dinero en preparar unas oposiciones que cada vez salen con menos plazas y de unos funcionarios de carrera que desde hace tiempo luchan por una carrera administrativa digna. Y todo, por dejar colocados o pagar favores personales, y si no ¿a qué se debe que prolifere tanto este sistema de "consolidación de empleo temporal".

Castilla y León planta cara al Gobierno para defender 510 plazas de maestro

El consejero de Educación, Juan José Mateos (en la foto), ha asegurado que Castilla y León mantendrá las 510 plazas de las oposiciones de maestro, impugnadas por el Gobierno central por considerarlas excesivas, salvo que los tribunales digan lo contrario. Tras celebrar una reunión con los sindicatos del sector para explicar la situación, Mateos reafirmó que la Junta apoya las oposiciones y pondrá "toda la carne en el asador para defender la convocatoria presentada en tiempo y forma".


A su juicio, la Junta "tiene razón" y las 510 plazas convocadas son "objetivas y equivalen a la tasa de reposición por jubilaciones de 2009 y 2010", dos años en los que no se celebraron oposiciones. Según argumenta el Ministerio, la reposición se debe calcular únicamente con el año 2010, motivo por el que ha presentado el recurso. "Los números son muy claros. Los tiene la Junta, el Ministerio de Educación y los sindicatos, y a nosotros nos han echado unas cuentas sobre las que no estamos de acuerdo y pediremos de forma legal mantener estas oposiciones", sostuvo.


El titular del departamento de Educación reiteró la "diferencia de interpretación" de la Junta y el Gobierno, la cual "no está escrita". Al respecto, recordó que se han celebrado al menos dos reuniones con el propio Ministerio, "en el que no se ha manifestado de forma contraria. Sin embargo", añadió, Castilla y León "siempre ha llevado la misma postura desde hace dos meses y medio, y es que el sistema necesita profesores y funcionarios que le dan estabilidad, y es una de las claves del éxito".


De hecho, Mateos indicó que el Ejecutivo regional "siempre" ha explicado cómo se harían los números de estos dos años, se ha manifestado el respeto al 30% de reposición que marca la Ley, y "no ha mezclado los funcionarios de Educación, con los de Sanidad o los interinos, que parece que son las justificaciones que quieren dar desde otro sitio".


Precisamente sobre este aspecto, el consejero se mostró extrañado por esa interpretación diferente del Gobierno central sobre la convocatoria de Castilla y León, algo que llama más la atención: "En otras consejerías de Educación de otras comunidades autónomas los números no salen y por lo tanto estoy extrañado", subrayó. Mateos lamentó que aún no haya podido comunicarse con responsables del Ministerio de Educación. Incluso añadió que se ha enviado una carta al titular del departamento.


En todo caso, tranquilizó a los opositores y pidió el máximo respeto sobre aquellas personas "que llevan preparándose un tiempo, porque las incertidumbres no son buenas".


La próxima reunión que mantendrán el consejero y los representantes sindicales será el 27 de mayo, ya que Mateos entendió que es "mejor" tratar el tema después del "impacto político que tienen las elecciones" del 22 de mayo. Por eso se ha elegido el 27 de mayo, para que el trabajo de la Consejería fuera "eminentemente objetivo y técnico y no relacionado con los programas electorales que plantean problemas de distinta interpretación".