Sanidad anuncia la convocatoria de 819 plazas de oposiciones durante dos años

El Gobierno ofertará 20 especialidades médicas en la primera OPE 

 
Según nos informa La Opinión, la Consejería de Sanidad prevé ofertar 819 plazas en las convocatorias de oposiciones de 2015 y 2016, según anunció a los representantes de los trabajadores en la Mesa Sectorial celebrada ayer. El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Roberto Moreno; y el director general de Recursos Humanos, Carlos González, explicaron que en la Oferta Pública de Empleo (OPE) aprobada el pasado ejercicio se pondrán sobre la mesa 312 plazas correspondientes 20 especialidades médicas, aunque no precisaron la distribución.
Además, Sanidad explicó en un comunicado que trabaja en otra OPE referida a 2016, en la que se convocarán otras 507 plazas en categorías aún abiertas a negociación y entre las que no se incluyen especialidades médicas. Al respecto, la Administración sanitaria emplazó a los organizaciones sindicales a una próxima Mesa Sectorial el objetivo de continuar con la negociación e intentar llegar a una propuesta consensuada en las próximas reuniones.

A juicio del portavoz del Sindicato Médico, Levy Cabrera, "no parece oportuno hacer ninguna aportación ni iniciar una negociación hasta que no se conozca el estado la plantilla" y aseguró que precisamente es un documento que se ha solicitado reiteradamente a los diferentes responsables del Gobierno autónomo durante las últimas legislaturas. "Necesitamos saber cómo está la plantilla actual del Servicio Canario de Salud y sobre todo cuál es la distribución: cuántos son funcionarios, interinos, temporales,...", insistió Cabrera.

Aún así, para el representante de los facultativos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife "parecen pocas especialidades y escasas plazas si se tiene en cuenta que 42 especialidades médicas". Respecto a la convocatoria de 2016, aclaró que "no se corresponden a médicos pero la valoración también dependerá de la información de la plantilla actual".

En ese sentido, Roberto Moreno adelantó que se trabaja en otra OPE en la que se convocarán otras 507 plazas y aclaró que "las categorías aún están abiertas a negociación aunque la que se sacará sí o sí será la de auxiliares de enfermería". Por su parte, el responsable de Recursos Humanos confirmó que "desde la Consejería se está dando un acelerón a todo lo que tiene que ver con la OPE, sobre todo en lo que a procesos pendientes de ejecutar se refiere, al tiempo que se van configurando la sucesivas para no generar cuellos de botella como los que se registraron en convocatorias anteriores y que tantos problemas han generado".

Entre las prioridades de las próximas convocatorias está aumentar y consolidar la estabilidad de la plantilla y mejorar la cobertura sanitaria en las islas no capitalinas, donde es complicado cubrir algunas plazas, informó la Consejería de Sanidad en el comunicado.

De hecho, entre las cuestiones que plantearon a los representantes sindicales en la Mesa Sectorial se encuentra el borrado de una normativa en la que se fijarán los criterios del desplazamiento del personal sanitaria, de tal manera que se regulen los traslados en función de las necesidades que surjan, por ejemplo para cubrir una plaza resultante de concurso-oposición o una excedencia.

Así lo informó Levy Cabrera, quien a pesar de valorar que exista un mecanismo de regulación, insistió en que para entrar a analizar ese borrado "es necesario contar con los datos de la plantilla, entre otras cosas porque hay aspectos que matizar".

Los representantes de los trabajadores del Servicio Canario de Salud aprovecharon la reunión para recordar a la Administración sanitaria que durante la anterior mesa, celebrada en diciembre, se comprometieron a iniciar los pasos necesarios para devolver al personal los derechos perdidos a causa de las medidas de restricción económica, "una cuestión sobre la que no han dicho nada", dijo Levy Cabrera, que solicitó al Gobierno "un cronograma de acciones". 

El Gobierno para las oposiciones en la Universidad pública

El requerimiento de Hacienda afecta a cientos de profesores catedráticos y titulares.

 

Según nos informa Neus Caballer, el fin de curso convulso en la universidad pública española. A las huelgas estudiantiles y de profesores asociados, que se han producido en los últimos meses contra el ya más conocido como decreto Wert de medidas de recorte en el ámbito educativo, se añade ahora la orden del Ministerio de Hacienda que paraliza las oposiciones a catedrático y titular de Universidad en el sistema universitario público español. Si los rectorados no "anulan" todas las convocatorias publicadas en 2012 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "la Dirección General anuncia su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo, transcurrido un mes", según el burofax, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En esta situación se encuentran "entre 12 y 17 universidades públicas", según estimaciones de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que convocará la semana que viene con carácter "urgente" a los servicios jurídicos de las universidades afectadas en Madrid.

El rector Morcillo: "No está clara la base jurídica para la supresión"

Los rectores calculan que la decisión afecta en este momento a "cientos de catedráticos y titulares de Universidad", que se habían preparado para optar a una plaza. Las más afectadas por volumen de plazas son la Universitat de València (más de 50), todas las universidades andaluzas (excepto la de Málaga), la Jaume I de Castellón, varias gallegas o la Autónoma de Madrid.

El Gobierno justifica esta medida insólita en el funcionamiento del sistema público universitario ?a través de la apertura de diligencias ordenada por el Tribunal de Cuentas?, "en base al Real Decreto Ley 20/2011 de 30 diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria" que prohíbe durante 2012 "la incorporación de personal nuevo en el sector público". En el burofax también se alega que la Ley de Presupuestos de 2/2012, de 29 junio establece una tasa de reposición del 10% para los cuerpos de personal docente e investigador de las universidades.

El Gobierno paraliza así convocatorias de oposición, que ya están prácticamente en marcha y con los tribunales constituidos, ante la mirada atónita de los rectores, que no han recibido "instrucción alguna del Ministerio de Educación". Extremo que confirman los rectores Esteban Morcillo, de la Universitat de València; Vicent Climent, de la Jaume I de Castellón, y José Manuel Roldán, de la Universidad de Córdoba.

El rector Roldán: "Es como cambiar las reglas del juego al final del partido"

Hacienda, según fuentes consultadas, advierte de que la orden va en el mismo sentido que el recurso contra las oposiciones para acceder al cuerpo de maestros y profesores de Andalucía que el Gobierno ha recurrido al Constitucional. "Solo se ha autorizado una Oferta de Empleo Público en el País Vasco, porque ya la tenía en marcha antes del 30 diciembre de 2011".

"La única comunicación que tenemos es el burofax. En este proceso las universidades no han tenido audiencia. Solo nos ha llegado el requerimiento de apertura de diligencias del Tribunal de Cuentas", se queja amargado, el rector de Córdoba.

"¿Qué ocurre ahora? Que te cambian las reglas del juego cuando el partido está casi acabado. Nunca se nos había dicho que el programa de jubilación anticipada estaba mal", añade en referencia al plan estatal de reposición de plazas. El rector de Castellón señala que las plazas son por "acuerdo del Consejo de Gobierno, con el aval del Consejo Social, dentro de la autonomía universitaria y de nuestro presupuesto". Morcillo coincide en las "dudas jurídicas" para aplicar la orden de Hacienda. "No está clara la base jurídica para la supresión". El rector llevará el tema al Consejo de Gobierno del martes. "Estudiaremos si esperamos el recurso contencioso de Hacienda o iniciamos acciones oponiéndonos al requerimiento", concluye Morcillo.

El Gobierno quiere modificar el sistema de oposiciones antes de que acabe la legislatura

El Ministerio de Educación continúa firme en sus propósitos, y la carrera iniciada para modificar el sistema de oposiciones previsto por la LOE por uno nuevo no pierde ritmo.


Muestra de ello fue la reunión de la Mesa Sectorial de Educación del Estado celebrada los pasados miércoles y jueves en Madrid. En ella el motivo de debate fue la propuesta del futuro sistema de oposiciones para el acceso a la docencia. CIG-Ensino, presente en la reunión, no dudó en solicitar una prórroga, para que el nuevo documento sea abordado en septiembre. El sindicato, en representación también de la opinión de los propios opositores e interinos, manifestó que "no estamos en el momento político más propicio para acometer la modificación de una norma tan importante"


Pidió también la CIG un año más para aplicar el servicio de acceso transitorio. Ambas peticiones fueron denegadas por el Ministerio. Serán los próximos martes y miércoles cuando se reúna de nuevo la Mesa Sectorial para seguir con dicho borrador.

El Estado recurre 6.431 de las 8.720 plazas de maestro

El Gobierno central ha recurrido las oposiciones docentes de 2011 de tres comunidades: Castilla y León, Cataluña y Navarra. Lo ha hecho la Abogacía del Estado siguiendo instrucciones del Ministerio de Economía y Hacienda. Entienden que han rebasado el tope de plazas impuesto dentro de las medidas anticrisis en los Presupuestos Generales del Estado. Además, según aseguraron ayer fuentes del Gobierno, también van a recurrir por el mismo motivo las oposiciones de Extremadura, Aragón, Andalucía y Baleares. Así, se quedan en vilo, pendiente de la decisión de los tribunales superiores de esas autonomías, la gran mayoría de las plazas de profesores (el 72%) de una convocatoria de 2011 que ya era de tiempos de crisis. Esas siete comunidades suman 6.341 de las 8.720 plazas ofertadas este año y UGT calcula que harían falta en torno a 14.000.


Las oposiciones para reponer las plantillas de profesores de la enseñanza pública han estado este año en mitad de un fuego cruzado. Entre los meses de enero y febrero, las comunidades empezaron a sumarse a un efecto en cadena que iniciaron Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria al anunciar que no iban a celebrar exámenes este año. Dijeron que no les merecía la pena sacar a concurso tan pocas plazas como les exigía la ley: solo se puede cubrir el 10% de las jubilaciones de funcionarios que se generen, aunque en el caso de los docentes, la tasa se elevó hasta el 30%.


Sin embargo, tras varias semanas de tira y afloja, de protestas de quienes se están preparando los exámenes (los sindicatos ANPE y CC OO calculan son entre 100.000 y 200.000 y que pueden llegar a gastarse más de 1.000 euros en academias cada uno) y, sobre todo, después de que Andalucía se descolgara diciendo que iba cubrir todas las vacantes, la sangría no fue tanta como pudo parecer en un principio. El Ministerio de Educación también instó a las comunidades a convocar -eso sí, cumpliendo la ley-. Así, finalmente, han sido cinco las autonomías que no celebran oposiciones este año (las que lo dijeron desde el principio más La Rioja y Canarias), y entre las 12 que sí las harán suman más de 8.700 plazas.


Sin embargo, ahora, la Abogacía del Estado considera que esas siete comunidades que llevará a los tribunales y que acumulan la gran mayoría de esa oferta han "vulnerado el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público" que se había fijado como máximo en la Ley de Presupuestos del Estado. De ese modo, explica un portavoz de la Consejería de Educación de Castilla y León, los tribunales deberán decidir en las próximas semanas si suspenden o no las oposiciones recurridas. El caso es que cada comunidad ha interpretado las restricciones del Gobierno de manera distinta. En Castilla y León, donde la oferta de empleo público es de 510 plazas, el Gobierno regional calculó las jubilaciones, y la tasa de reposición, teniendo en cuenta los dos últimos años.


Las ofertas de empleo público para cada uno de los dos cuerpos docentes se suelen convocar en años alternos; un año para infantil y primaria y al siguiente, para secundaria. Es decir, Castilla y León sumó las jubilaciones del año anterior a las de este al no haberse hecho examen para maestros en 2010.


Andalucía, por su parte, aprobó la oferta más amplia de todo el país: 3.796 plazas de maestros. Y admite que sobrepasa con creces la limitación del 30% de reposición. De hecho, su oferta cubre el 100% de las bajas y contempla el crecimiento neto de la plantilla de docentes, como se había comprometido el Gobierno regional. Sin embargo, la Junta aseguró que impondría restricciones en las oposiciones del resto de funcionarios de su Administración para que, globalmente, la tasa de reposición no superara ese 10% marcado. El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública había aceptado esta interpretación. Sin embargo, si finalmente se presenta el recurso anunciado ayer, a Economía no le han servido esas explicaciones.


Los sindicatos CC OO, STES-i, ANPE, CSIF y UGT pidieron abiertamente a las comunidades a mediados de febrero que convocaran exámenes sin tener en cuenta el límite del 30%, ya que "congelar o publicar una escasa oferta supone un retroceso en la calidad de la educación y puede generar un conflicto social", señalaron las centrales en un comunicado conjunto.