Las oposiciones para reponer las plantillas de profesores de la enseñanza pública han estado este año en mitad de un fuego cruzado. Entre los meses de enero y febrero, las comunidades empezaron a sumarse a un efecto en cadena que iniciaron Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria al anunciar que no iban a celebrar exámenes este año. Dijeron que no les merecía la pena sacar a concurso tan pocas plazas como les exigía la ley: solo se puede cubrir el 10% de las jubilaciones de funcionarios que se generen, aunque en el caso de los docentes, la tasa se elevó hasta el 30%.
Sin embargo, tras varias semanas de tira y afloja, de protestas de quienes se están preparando los exámenes (los sindicatos ANPE y CC OO calculan son entre 100.000 y 200.000 y que pueden llegar a gastarse más de 1.000 euros en academias cada uno) y, sobre todo, después de que Andalucía se descolgara diciendo que iba cubrir todas las vacantes, la sangría no fue tanta como pudo parecer en un principio. El Ministerio de Educación también instó a las comunidades a convocar -eso sí, cumpliendo la ley-. Así, finalmente, han sido cinco las autonomías que no celebran oposiciones este año (las que lo dijeron desde el principio más La Rioja y Canarias), y entre las 12 que sí las harán suman más de 8.700 plazas.
Sin embargo, ahora, la Abogacía del Estado considera que esas siete comunidades que llevará a los tribunales y que acumulan la gran mayoría de esa oferta han "vulnerado el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público" que se había fijado como máximo en la Ley de Presupuestos del Estado. De ese modo, explica un portavoz de la Consejería de Educación de Castilla y León, los tribunales deberán decidir en las próximas semanas si suspenden o no las oposiciones recurridas. El caso es que cada comunidad ha interpretado las restricciones del Gobierno de manera distinta. En Castilla y León, donde la oferta de empleo público es de 510 plazas, el Gobierno regional calculó las jubilaciones, y la tasa de reposición, teniendo en cuenta los dos últimos años.
Las ofertas de empleo público para cada uno de los dos cuerpos docentes se suelen convocar en años alternos; un año para infantil y primaria y al siguiente, para secundaria. Es decir, Castilla y León sumó las jubilaciones del año anterior a las de este al no haberse hecho examen para maestros en 2010.
Andalucía, por su parte, aprobó la oferta más amplia de todo el país: 3.796 plazas de maestros. Y admite que sobrepasa con creces la limitación del 30% de reposición. De hecho, su oferta cubre el 100% de las bajas y contempla el crecimiento neto de la plantilla de docentes, como se había comprometido el Gobierno regional. Sin embargo, la Junta aseguró que impondría restricciones en las oposiciones del resto de funcionarios de su Administración para que, globalmente, la tasa de reposición no superara ese 10% marcado. El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública había aceptado esta interpretación. Sin embargo, si finalmente se presenta el recurso anunciado ayer, a Economía no le han servido esas explicaciones.
Los sindicatos CC OO, STES-i, ANPE, CSIF y UGT pidieron abiertamente a las comunidades a mediados de febrero que convocaran exámenes sin tener en cuenta el límite del 30%, ya que "congelar o publicar una escasa oferta supone un retroceso en la calidad de la educación y puede generar un conflicto social", señalaron las centrales en un comunicado conjunto.
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