En el César Carlos y en el San Alberto Magno, tradicionales colegios mayores de estancia de opositores, se respira un ambiente fúnebre. Una generación entera va a ser sacrificada en aras de la inmediata anterior que, vía empleo público — en ocasiones muy corruptamente incorporado especialmente en algunas Autonomías y Ayuntamientos - se han incorporado definitivamente a la cosa pública sin el menor problema y sin, en muchas veces, el menor esfuerzo.
Y sin embargo, hay muchas oposiciones que preparan precisamente para servir en puestos que no constituyen tanto un gasto como una inversión. A la cabeza de todas, están los Jueces, un cuerpo absolutamente necesario para dar confianza y seguridad jurídica, claves elementos para conseguir recuperación económica que a su vez es el fundamento de la salida de la crisis. De una u otra forma, en un Estado de Derecho, todo puede acabar pasando en muchas ocasiones por los Juzgados. Y estos no deben convertirse en la antesala del Purgatorio. Para ello, resulta desde luego obligado realizar muchas reformas. Pongamos por caso, que en el contencioso administrativo la suma de inadmisiones, desestimaciones e inejecuciones no sea mayor que la de estimaciones ejecutadas (un sueño que hoy por hoy queda en eso, una ilusión propia de un mundo mejor).
Pero sin duda alguna, junto con muchas reformas grandes y pequeñas (entre estas últimas, por ejemplo, imponer horarios de presencia en los Juzgados mañana y tarde y entre las primeras, entre otras, ante todo, cambiar el protervo Consejo General del Poder Judicial, fijar de verdad la responsabilidad de los Jueces o examinar en profundidad el tema de las costas o reducir las dilaciones con reforma importante de la Oficina), digo, junto con las reformas grandes, el primer desafío que impone la crisis económica es la de crear y disponer de un número de Jueces apropiados.
Los países se juzgan, cada vez más, por su seguridad jurídica. Y la agilidad, fiabilidad y certeza son los elementos a partir de los cuales se formulan los rangos y jerarquías que permiten colocar a un país por encima de otro.
Si acudimos al World Economic Forum resulta que la Justicia española no es de las más fiables ni prestigiadas, ocupando un puesto más bien bajo: E l Informe Global de Competitividad del World Economic Forum colocó a España en el puesto 63 -entre 142 países- en eficacia y eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias. En el discurso de investidura, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció que "lisa y llanamente, esto no puede seguir así".
Por tanto, no tiene el menor sentido que ahora, conociendo el problema y la cuestión, se pueda llegar a decir que las oposiciones a Jueces se han acabado. Y digo bien además, oposiciones. Porque en un país con tanto amiguismo y tendencia a la colocación en puestos públicos (y privados) como es España, tendríamos un problema gravísimo si prescindiéramos de un sistema que garantiza bastante el mérito y la capacidad. Lo peor que puede ocurrir en la Justicia, como en parte ha sucedido ya en el empleo público, es que sean nombrados por los partidos políticos quienes van a formar parte del Tercer Poder. O existe mérito y capacidad o simplemente será la pura designación política y el sectarismo, la ignorancia y la amistad — enemistad, las que determinarían quienes serían los Jueces, con lo cual, el desastre completo para nuestro país está asegurado y además sería perenne.
Un juez, en lo que cuesta, es un costo de inversión y no de gasto. Y esto tiene que tenerlo absolutamente en cuenta el Presidente del Gobierno y en general los rectores políticos. No se puede abordar este asunto desde la perspectiva del mero costo de reposición cero. Eso es condenar a la sociedad entera a la pobreza, porque exactamente, los Jueces crean con su seguridad jurídica, riqueza. Imaginen un país con soluciones rápidas, fiables, seguras y predecibles en las controversias judiciales. Ese país ganaría en prestigio muchos puestos en los rangos de competitividad mundial.
Máxime, volvamos ahora a la exigencia de que sí se continúen proveyendo puestos en la carrera judicial (y adlátere) si tenemos en cuenta que la supresión del acceso a esta carrera sería una debilitación del Estado frente a las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, etc, las cuales, con matices, van a continuar proveyéndose de puestos, haga lo que haga y diga lo que diga el Estado. En la Universidad, en los últimos cinco años, se han proveído por la llamada ANECA más de 14.000 puestos, en total. Súmenlo al presupuesto y extraigan las consecuencias. Y Premios Nobel por las esquinas, pues no se ven.
Es en el Estado donde hay que programar y planificar de acuerdo con el principio de realidad, examinando las necesidades, las exigencias y todo ello de conformidad con cálculos económicos. No se puede dejar de quejar un inversor extranjero o un empresario español de que, pongamos por caso, un Juzgado Contencioso en un asunto de ahora a lo mejor lo cita para el año… 2014, por lo menos, y luego pedirle que invierta. Es responsabilidad y culpa directa del Estado no hacerlo así. Por ello, ahora, precisamente, y como medida anticrisis, de abandonar las oposiciones, nada de nada. Todo lo contrario: háganse aquellas que fueren necesarias para que los recursos económicos funcionen. Si no, este abandono será eso, un abandono definitivo de la esperanza de salir de la crisis.
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