Varios incidentes y denuncias de irregularidades aún sin aclarar minan la credibilidad del organismo supramunicipal.
La polémica se cierne sobre la Diputación. El asalto, robo e incendio de la sede del Consorcio de Bomberos con el hurto de importante documentación, el hallazgo de un almacén fantasma repleto de material fuera de control, la anulación de las oposiciones de bomberos y una denuncia sobre presuntas irregularidades en la compra de material son los últimos hechos que rodean a la institución provincial.
Según nos informan en La Opinión de Málaga, la adquisición de mercancía de la que sólo se recibió una parte y por la que se pagó seis veces más de lo que se debiera, anomalías en contratos; asaltos, incendios y robos a instalaciones del organismo provincial; el descubrimiento de un almacén repleto de material fuera de control y sin inventariar; un gasto prohibitivo en un sistema de refrigeración que nunca llegó a funcionar; denuncias de amiguismo en la colocación de personal; o el abono de 2.600 euros en la compra de un cuadro para adornar un despacho.
¿Qué está pasando en la Diputación Provincial? La sombra de la duda y de la sospecha se cierne sobre el número 54 de la calle Pacífico, sede de la institución. Y es que en los últimos años la gestión en el organismo provincial ha estado salpicada de escándalos, denuncias y supuestas anomalías y, en las últimas semanas, no dejan de conocerse nuevos y sorprendentes datos. Y parece que es la punta del iceberg. El nuevo equipo de gobierno del PP ha encargado una exhaustiva auditoría que ya está arronjando resultados. Ha puesto en manos de los tribunales un caso de posibles irregularidades en la compra y pago de material contraincendios por valor de 50.000 euros en el anterior mandato del organismo supramunicipal gestionado cuando lo gestionaba el PSOE. El materia adquirido apenas es usado por su baja calidad, se compró a un precio muy superior al de mercado y se recibió solamente una quinta parte del pedido a pesar de haberlo abonado completamente.
Aunque este intento de control en la gestión y de transparencia debería ser la norma y busca limpiar la reputación de la institución, el caso es que con un debate sobre la mesa acerca de la verdadera utilidad de la existencia de las diputaciones, los acontecimientos han deteriorado aún más la imagen del organismo y ponen en entredicho su función, valor y eficacia.
Un almacén de «incógnito». El último episodio relativo a la casa provincial es el descubrimiento de un almacén que contenía una cantidad «ingente» de material sin inventariar, fuera de control y cuya existencia era desconocida por el actual equipo de gobierno.
El hallazgo se produjo a raíz del aviso de un empleado que alertó de una puerta forzada en el almacén. Los hechos han sido denunciados a la Policía Nacional y, además, la Diputación ha iniciado una investigación interna. Quiere saber si se ha producido el desvío de este material de forma paulatina conforme se realizaban los pedidos del material relativo al centro Guadalmedina y saber quién o quienes son los responsables y si alguien se ha lucrado o se ha beneficiado de ello.
Se trata del hallazgo de 625 cajas de pañales, con un valor cercano a los 18.000 euros; material de ferretería, de confección de llaves, de limpieza y de aseo de usuarios, calzado sin usar, material de cama y uniformidades de personal sanitario y de limpieza, dos motocicletas y un ciclomotor.
Este último capítulo publicado por La Opinión de Málaga se suma a otros dos recientes y acontecidos en las últimas semanas. Si este almacén fantasma era conocido a raíz de la denuncia de este empleado el pasado dos mayo, un día antes, en la madrugada del martes uno de mayo, la sede central del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) era asaltada, robada y quemada.
En este incidente se sustrajo documentación sensible de la anterior gestión, según denunciaron los actuales responsables a este periódico. Información económica, facturas, nóminas, contratos, normas de funcionamiento interno, documentación de los propios bomberos. La Policía Nacional investiga también este siniestro. El equipo gestor asegura que el incendio fue intencionado y que la persona o personas que accedieron sabían lo que buscaban y dónde hallarlo.
El robo se produjo además tres días después de que se produjeran y dieran a conocer dos hechos significativos. Por un lado la anulación por parte del juez de la convocatoria de oposiciones de los bomberos –que ahora serán convocadas de nuevo– al detectar «vicios de nulidad de las mismas» porque las plazas no estaban vinculadas. Y, por otro, ese viernes se informó en el comité de dirección del CPB –un trámite necesario para interponer la denuncia ante los tribunales ya presentada– de una supuesta irregularidad detectada en la anterior etapa. Se trata del pago de 50.000 euros en varias partes, con el que se adquirió espumógeno (material anti-incendios). La interventora del Consorcio había puesto reparos a esta compra porque sospechaba que se quería evitar el concurso público.
Se da la circunstancia de que en días anteriores al asalto al CPB se detectaron desperfectos en una puerta y a los pocos días nuevos destrozos en otra. Además, desde el pasado jueves la policía investiga un ordenador de un parque de bomberos de la zona de Ronda desde donde supuestamente «se lanzaron consignas de amenaza de muerte contra la interventora» del CPB, explicaron desde la actual dirección del consorcio a este periódico.
Pero las noticias y escándalos vienen de atrás. Una de las denuncias que más polvareda política ocasionó fue la denuncia formulada por el PP –en aquella época en la oposición y actualmente en el equipo de gobierno– en la que hablaba de «irregularidades» y «despilfarro» en la gestión del CPB. Un total de 14.200 euros gastados en comidas, 14.000 en carteras y corbatas, 36.300 en asesoramiento externo, 2.644 en la compra de un sólo cuadro para el despacho del presidente, 8.400 euros para el alquiler de un vehículo para el gerente, casi 18.000 en el diseño de una web, 8.280 en el pago de aparcamiento a personal, 2.000 euros en flores para la inauguración de un nuevo parque en Coín, 400 euros en accesorios para el móvil del gerente o 45.000 para publicidad y propaganda de los que 8.000 fueron a una misma publicación. Además se habían detectado pagos supuestamente irregulares como uno relativo a 5.000 euros que no contaba con la rúbrica mancomunada que requería. O irregularidades en contratos, con fraccionamientos de pagos para evitar un concurso público (300.000 euros en total en vestuario y material de intervención) o una adjudicación de obra por procedimiento negociado por 146.00 euros en el que dos de las tres empresas que debían concurrir eran del mismo dueño. El PP también denunció amiguismo en la colocación del personal del CPB, ya que aseguraba que una treintena de simpatizantes socialistas de la agrupación Centro estaban en distintos puestos en esta época en el consorcio.
La trigeneración y los iPad. Otro asunto polémico acerca de la anterior gestión fue la adquisición de un novedoso aparato de refrigeración. Este sistema con el que se dotó al nuevo edificio del organismo está basado en la trigeneración, un procedimiento por el cual a partir de una energía primaria, en este caso gas, se obtiene frío, calor y energía eléctrica para el propio abastecimiento de la institución y la posterior venta del sobrante, lo que además generaba, según esos estudios previos, unos beneficios anuales de cerca de un millón de euros. Pero no fue así, el resultado del gasto de estos dos millones y medios de euros ha sido un sistema que nunca llegó a funcionar. El PP acusó al PSOE de gastar seis millones y medios de euros entre maquinaria y mantenimiento en este proyecto.
Un millón de euros en facturas sin contabilizar en los cajones de los diputados del anterior equipo de gobierno de PSOE e IU, la existencia de 633 personas con firma o autorización para gastar o la existencia de 350 teléfonos móviles con una abultada factura, fueron otras de las denuncias y de las críticas del PP cuando accedió al gobierno.
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