Un juzgado de Madrid ha recibido dos demandas por las últimas oposiciones de enfermería en la Comunidad. Denuncian que el Tribunal bajó la nota de corte después de celebrarse el examen
Según nos informa El Confidencial, son las oposiciones de enfermería más polémicas que se recuerdan en la Comunidad de Madrid. En 2009 se aprobó la Oferta de Empleo Público (OPE), el Boletín Oficial de la CAM publicó las bases de la convocatoria en 2012 y, por fin, en octubre de 2014 se celebraron las pruebas. En total 43.506 personas solicitaron presentarse y optaban sólo a 1.600 plazas. El examen fue “muy duro” según manifestaron gran parte de los opositores, que aún insisten en que hubo preguntas “fuera del temario estipulado”. Fuentes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), organismo encargado del examen, reconocen que “había preguntas muy concretas que exigían un esfuerzo adicional en el estudio del contenido y que el grado de exigencia fue muy alto”. Además, algunos de los que concurrieron al examen, manifiestan su malestar ante la falta de anonimato de los concursantes, que en el resto de oposiciones son identificados a través de un código numérico, mientras que ellos debieron escribir “nombre y apellidos”.
En todo caso, los resultados acreditan la dificultad del examen. Únicamente cerca de 1.100 personas alcanzaron la nota de corte, lo que significa que sólo aprobó el 5% del total. Según las bases de la convocatoria, era necesario obtener una puntuación mínima de 30 puntos sobre los 60 totales. La normativa prevé además que pasan a la fase de concurso los primeros 2.400 por orden de puntuación, siendo imprescindible alcanzar la nota mínima establecida. Pero ni siquiera 1.600 llegaron a los 30 puntos por lo que alrededor de 500 plazas quedaron sin ocupar.
Por eso, el Servicio Madrileño de Salud y el Tribunal Calificador encargado decidieron bajar la nota media hasta los 28,8 puntos para que las plazas pudieran completarse el máximo posible. Al final se ocuparon 1.586 plazas siguiendo este criterio, renunciando a cubrir las restantes porque si ampliaban la nota mínima de corte, más de 14 personas debían hacerse con una plaza. A partir de entonces, comenzó la polémica.
Muchos de los opositores denuncian “la posible ilegalidad” de cambiar la nota de corte una vez celebrada la oposición pública “aplicándola sólo a algunas plazas”, y alertan de que ese supuesto “no está recogido en ningún punto de las bases”. Según las instrucciones de la convocatoria publicadas en el BOCM, solamente el apartado 7.8 menciona algo al respecto aunque grosso modo: “Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, para su posible nombramiento”.
Y las demandas han llegado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid, que ha registrado los recursos de dos particulares contra la decisión del Tribunal Calificador de la oposición y ya cuentan con fechas fijas para las vistas a juicio. Concretamente el 20 de octubre y 21 de diciembre. Según fuentes conocedoras del contenido formal de la denuncia, lo que solicitan los demandantes es anular esas 500 plazas adjudicadas con una nota inferior a 30 puntos y que se sumen a las ofertadas en la próxima oposición.
Según fuentes del Satse, “la petición es completamente inviable”, porque las personas que lograron una plaza en esta OPE “ya cuentan con un contrato laboral desde el mes de abril y desempeñan su trabajo en los hospitales madrileños”. Además, el Satse anima a aquellas personas con plaza a que se personen en las mencionadas vistas en calidad de 'codemandados' para defender el puesto obtenido en el examen de empleo público.
En todo caso, los resultados acreditan la dificultad del examen. Únicamente cerca de 1.100 personas alcanzaron la nota de corte, lo que significa que sólo aprobó el 5% del total. Según las bases de la convocatoria, era necesario obtener una puntuación mínima de 30 puntos sobre los 60 totales. La normativa prevé además que pasan a la fase de concurso los primeros 2.400 por orden de puntuación, siendo imprescindible alcanzar la nota mínima establecida. Pero ni siquiera 1.600 llegaron a los 30 puntos por lo que alrededor de 500 plazas quedaron sin ocupar.
Por eso, el Servicio Madrileño de Salud y el Tribunal Calificador encargado decidieron bajar la nota media hasta los 28,8 puntos para que las plazas pudieran completarse el máximo posible. Al final se ocuparon 1.586 plazas siguiendo este criterio, renunciando a cubrir las restantes porque si ampliaban la nota mínima de corte, más de 14 personas debían hacerse con una plaza. A partir de entonces, comenzó la polémica.
Muchos de los opositores denuncian “la posible ilegalidad” de cambiar la nota de corte una vez celebrada la oposición pública “aplicándola sólo a algunas plazas”, y alertan de que ese supuesto “no está recogido en ningún punto de las bases”. Según las instrucciones de la convocatoria publicadas en el BOCM, solamente el apartado 7.8 menciona algo al respecto aunque grosso modo: “Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, para su posible nombramiento”.
Y las demandas han llegado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid, que ha registrado los recursos de dos particulares contra la decisión del Tribunal Calificador de la oposición y ya cuentan con fechas fijas para las vistas a juicio. Concretamente el 20 de octubre y 21 de diciembre. Según fuentes conocedoras del contenido formal de la denuncia, lo que solicitan los demandantes es anular esas 500 plazas adjudicadas con una nota inferior a 30 puntos y que se sumen a las ofertadas en la próxima oposición.
Según fuentes del Satse, “la petición es completamente inviable”, porque las personas que lograron una plaza en esta OPE “ya cuentan con un contrato laboral desde el mes de abril y desempeñan su trabajo en los hospitales madrileños”. Además, el Satse anima a aquellas personas con plaza a que se personen en las mencionadas vistas en calidad de 'codemandados' para defender el puesto obtenido en el examen de empleo público.
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