El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar marzo en 4,33 millones de personas, tras subir en 34.406 desempleados, con un aumento porcentual del 0,8% respecto al mes de febrero, informó este lunes el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En concreto, el volumen total de parados alcanzó en marzo la cifra de 4.333.669 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España.
En Catalunya, la cifra de parados se eleva hasta los 611.269 desempleados al incrementarse en 8.658 personas, un 1,44% más que en el mes de febrero y un 1,2% más que el mismo mes de 2010. Catalunya es la comunidad autónoma en la que sube más el paro, en números absolutos, seguida de Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Por provincias, en marzo el paro subió más en Barcelona, un 1,66 por ciento; seguida de Tarragona, 1,19. Respecto al mismo mes del año anterior, el paro, en términos absolutos, aumentó también más en Barcelona, con 7.483 nuevas personas registradas.
El paro subió en marzo en Catalunya en todos los sectores y lo hizo en mayor medida en servicios, en 5.035 personas, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 1.685 personas; construcción (1.112); industria (437) y agricultura (389).
Del total de parados catalanes, 320.769 son hombres y 290.500 mujeres, mientras que los desempleados menores de 25 años ascienden a 50.907 (32.897 hombres y 24.010 mujeres). El número de contratos en marzo se situó en 178.035, es decir, 27.111 más que en el mes anterior; de ellos, 23.294 fueron indefinidos, 3.565 más que en febrero.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, valoró negativamente las cifras porque "siempre que sube el paro, es un mal dato". En marzo de 2010, el paro creció en 35.988 personas (0,87%), con lo que se ha incrementado en 167.056 personas (4,01%) durante el último año.
El paro subió en marzo en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, con 18.770 nuevas paradas (+0,87%), frente a un incremento del desempleo masculino de 15.636 hombres (+0,37%), situándose el total de mujeres en paro en 2.183.421 y el de varones, en 2.150.248.
Por sectores, el paro subió en marzo en todos ellos, pero sobre todo en los servicios, que registró en el tercer mes del año 14.836 desempleados más (+0,59%). Le siguieron el colectivo sin empleo anterior, que sumó 10.526 parados (+2,77%); la agricultura, con 5.698 desempleados más (+4,14%); la industria, que registró 1.710 parados más (+0,34%), y la construcción, con 1.636 desempleados más (+0,22%). Casi un tercio del incremento de personas en situación de desempleo correspondió al colectivo sin empleo anterior.
"El Ayuntamiento de Manilva tiene 584 trabajadores, y prácticamente no tiene funcionarios salvo el secretario, la interventora, un técnico, los municipales y los cuatro administrativos. El resto no ha pasado por ninguna oposición. Todo el mundo está ahí, en un caso porque lo dejó Antonia Muñoz (IU), en otro Pedro Tirado (PDEM), en otros Emilio López (Agrupación Socialista de Manilva), en otros el amigo del amigo...". Sin sonrojo alguno, estas palabras salieron de la boca de la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, en una de sus primeras entrevistas tras tomar posesión de su cargo, el 22 de abril de 2007, ante los micrófonos de Manilva Televisión.
"Hay que tener un poquito de moral a la hora de criticar por parte de los sindicatos. Porque todo el que llama y pide trabajo tiene derecho a trabajar", les recriminaba entonces la regidora a los representantes de los trabajadores por su oposición a los cambios que Muñoz planteaba en el organismo municipal.
"El Ayuntamiento "no es la empresa donde todo el mundo puede trabajar, pero sí que la gente tiene derecho a pedir su trabajo, y una ayuda y un apoyo. Los sindicatos no quieren que se renueven los puestos ni se renueve a la gente", proseguía la regidora en la citada entrevista, cuyo contenido puede verse a partir de este lunes en la web de la edición de Málaga de ELMUNDO.ES, y en la que llega a decir que "rotar a la gente también es importante", aunque se trate de trabajadores fijos y con salarios y derechos adquiridos.
"En época de crisis todo el mundo va a pedir trabajo al Ayuntamiento, y a veces es agobiante porque no hay para todo el mundo. Y no todo el mundo quiere trabajar de auxiliar administrativo. O no hay suficientes puestos de auxiliar administrativo. Hay que buscar un equilibrio. También la gente con puestos más consolidados debe estar disponible para una movilidad...", llega a advertir la regidora durante la entrevista.
Muñoz adelantaba entonces a su entrevistadora que su equipo de gobierno tenía intención de sacar las plazas de funcionario para "dar estabilidad a la gente", pero agregaba algo inquietante: "Todo el mundo no cabe, y nadie quiere dejar su silla para otro. La mayor parte de las personas que están rotando son personas de limpieza, monitores... Pero las personas con sueldos más importantes están fijos y no hay manera de cambiar a nadie, sepan de su trabajo o no. Y todo el mundo tiene derecho a trabajar, a trabajar en el Ayuntamiento".
Nepotismo
Muñoz se enfrenta en las últimas semanas a las acusaciones de nepotismo del comité de empresa, que ha denunciado la contratación de 17 miembros de la candidatura de IU a las pasadas elecciones, así como de 57 de sus familiares, 13 de ellos familiares de la propia alcaldesa.
La denuncia del comité de empresa, que investiga ya un juzgado de Instrucción, señala que en el Ayuntamiento de Manilva también se ha dado trabajo a miembros del comité local de Izquierda Unida y a los integrantes de la candidatura de la coalición de izquierdas en la localidad de Benahavís.
Desde IU se afirma que la mayor parte de estos contratos son anteriores a 2007 y que en esta legislatura no se ha contratado a ningún familiar de la alcaldesa sin procedimiento público de selección, salvo "casos puntuales". Sin embargo, tanto el coordinador general de la coalición, Cayo Lara, como el coordinador regional, Diego Valderas, han mostrado su intención de tomar medidas en el caso de que se demuestre la verdad de lo denunciado.
Según informa Javier Calvo, del diario digital leonoticias.com, el miedo recorre los pasillos de la Diputación de León. Es así desde el primer año de legislatura, cuando comenzó a aflorar el verdadero carácter de la presidenta. En apenas unos meses aquellos buenos modos iniciales dieron pie a un carácter neurótico. Obsesionada por el entorno, Isabel Carrasco comenzó, según los funcionarios de la institución, a ver 'fantasmas' en todas las esquinas.
Entonces comenzaron a aparecer los primeros síntomas: se prohibió hablar en los pasillos, y recorrer los mismos salvo para ir de un despacho a otro, se pidió a los conserjes de mayor confianza que estuvieran atentos a cualquier 'rumor' que apareciera entre los funcionarios.
"Vive obsesionada por lo que digan", comentan los funcionarios mientras advierten a renglón seguido: "Por favor, que no me vean hablando con vosotros".
Razones tienen los bedeles para sentirse atemorizados. A los dos últimos de los que sospechó la presidenta que podrían 'filtrar' algún comentario les entregó un 'billete' para las "catacumbas" de la institución. Hoy han cambiado la planta noble por los 'papeles' en una habitación sin ventanas.
"Es que en esta casa hay muchas cosas que tapar", también se advierte en el seno de la institución provincial. Y así parece ser a tenor de las últimas sentencias judiciales.
El apaño de las oposiciones
La Diputación es hoy una institución "sin crédito" sometida al "gobierno y mando de su presidenta" que ha hecho de ella una "finca particular". Así lo ha denunciado Matías Llorente en reiteradas ocasiones.
Su denuncia ha subido el tono en las últimas horas, tras conocerse que las oposiciones a auxiliar administrativo fueron un apaño en toda regla.
Eran unas oposiciones 'bajo sospecha' desde el primer momento, las presuntas irregularidades fueron denunciadas desde la realización de las pruebas e incluso el Procurador del Común realizó un informe en el que advertía y denunciaba el sorprendente e inusual grado de notas de '10' entre los aprobados, mayoritariamente vinculados al Partido Popular.
Los opositores llegaron a denunciar que hubo una filtración del PP a afiliados, parientes de cargos públicos y amigos, y que esa filtración tuvo lugar desde la propia sede del partido. Había base argumental para la denuncia: los presuntos 'enchufados', para sorpresa general, fueron capaces incluso de responder a preguntas que no estaban en el temario. No sólo respondieron sino que lo hicieron de una forma perfecta.
La presidenta omitió su responsabilidad
Ahora la sentencia emitida por el contencioso-administrativo número 2 de la capital ha decidido su anulación. Según el juez la propia presidenta debía haber anulado la oposición, pero no lo hizo, inhibiéndose así de su responsabilidad.
El juez determina que la oposición debe anularse, las plazas deben salir de nuevo a oposición y se debe modificar el tribunal que en su día calificó la misma por ser un tribunal 'contaminado'.
La polémica oposición ha sido anulada por la vía administrativa, después de que no prosperara la vía penal. La sentencia estipula que la oposición (en la que estaban en juego 40 plazas de auxiliar administrativos, 14 de ellas conseguidas por opositores vinculados al PP) no fue clara, ni sujeta a derecho, no se respetaron los derechos de algunos opositores, hay razones para entender que los exámenes se filtraron e incluso existe riesgo de contaminación.
Los despidos irregulares
Si rocambolesca es la historia de las oposiciones no lo es menos la de los funcionarios de las Agencia de Desarrollo. PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para anular dicha agencia pero manteniendo a los trabajadores como funcionarios.
Isabel Carrasco, sin embargo, sólo escuchó la primera parte. Anuló la Agencia y despidió a los trabajadores. La justicia dejó ver que el despido era un atropello y ordenó la readmisión. ¿Solución? Readmitir a los trabajadores y pagarles sin ir a trabajar.
El encierro de éstos reclamando no cobrar estando en casa sino en su puesto de trabajo terminó con un segundo despido ahora en los tribunales.
Cobrar sin ir a trabajar
Pero cobrar sin ir a trabajar no es algo tan extraño en la Diputación de León. Lo sabe bien el gerente del Partido Popular en León. José Manuel Rodríguez mantenía una alta calidad laboral, según denunció Matías Llorente, al percibir de 40.000 euros sin ir a trabajar.
"No acude habitualmente a la institución provincial a trabajar. No viene mucho por aquí", comentaron entonces en la propia institución provincial, pese a que estaba contratado por esta desde el 19 de julio de 2007 como "técnico del grupo político del PP".
27 días después de la denuncia pública Carrasco cesó al "cargo de confianza" dentro de una política de "reducción de personal". ¿El motivo por el que el gerente del PP no acudía a su puesto en la Diputación y sí a la sede popular del Edificio Europa? "Los cargos de confianza no tienen un horario definido", se advirtió.
Un vicepresidente bajo sospecha
Pero los escándalos de la Diputación de León no se detienen ahí. Según Llorente el entorno de Isabel Carrasco también ha sido contaminado por su gestión.
Un botón de muestra. En tan sólo cuatro meses desde su creación, sin experiencia posible acumulada como empresa única y sin aparente aval anterior en el proceso de gestión y cobro de recibos, la firma Biergrim SL ha conseguido un contrato de tres millones de euros de la Diputación Provincial de León.
Biergrim es el resultado de la unión de dos empresas vinculadas al sector de la construcción (Excarbi y Gestión de Recursos e Ingeniería Medioambiental) y dos socios particulares (Alfonso C.B. y José Manuel S.M.). La empresa fue creada fue creada en el mes de junio y cuatro meses después ya tenía un contrato millonario en su cuenta para la gestión y cobro de recibos de Gersul.
Para Llorente hay una "sospecha fundada" de que en el pliego para esa adjudicación se realizó un 'traje a medida' para la empresa Biergrim. Y detrás de esta empresa se encuentra "Excarbi" la empresa que el popular Jaime González asesoraba (como consta en diversos documentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León) y a la que se adjudicaron obras por el método de urgencia por valor de 340.000 euros ("En todas las obras de carreteras que él está adjudicando las bajas vienen siendo no más allá del 2% de la licitación, mientras en el resto de casos las bajas oscilan entre el 15 y el 20%", ha denunciado Llorente de forma pública).
Despacho insonorizado
Tal es la obsesión por ocultar lo que sucede en la Diputación que Isabel Carrasco, en la última reforma de la planta noble, incluyó una puerta insonorizada para su despacho.
La presidenta de la institución creía que 'por debajo' de la anterior puerta se filtraban secretos así que ordenó ese cambio, y otros muchos, entre ellos 24.000 euros en cortinas.
El dato podría ser anecdótico, pero no lo es en un entorno de crisis, con los datos del paro y la crisis económica disparados.
Pases VIPS y adjudicaciones con trato de favor
Algunos ejemplos más dan idea del estado en el que hoy se encuentra la Diputación. Matías Llorente no ha tenido reparos en denunciar que el compañero sentimental de la presidenta de la Diputación goza de un inusual trato de favor.
En San Isidro, estación invernal dependiente de la Diputación, se le entregó una moto de nieve para realizar "fotografías". La moto, en realidad, está destinada al personal y se usa para el rescate de heridos.
El mismo día que el compañero sentimental de la presidenta se paseaba por la montaña con la nieve un herido precisó de traslado. No había moto, no había traslado, y ahí comenzó otra polvareda que aún hoy no ha tenido fin.
Llorente ha pedido a la presidenta cuentas por las adjudicaciones a la empresa, propiedad de un cargo público del PP, en la que trabaja su compañero sentimental. "200.000 euros en los últimos tiempos", ha denunciado.
Y lo que queda
En el seno de la Diputación se advierten que éstos son sólo algunos de los desmanes que se viven en la institución. Hay más, desde la dictadura y el control que se ejerce sobre los medios de comunicación de forma un tanto sospechosa, más adjudicaciones fuera de control, cargos bajo sospecha...
El sindicato CSI.F ha denunciado que se están produciendo «cientos de reclamaciones» por las presuntas irregularidades detectadas en unas oposiciones para auxiliares administrativos del Sescam «al no respetarse las bases de la convocatoria» y que se suman a las críticas de CC.OO. el mes pasado sobre las pruebas para celadores. En este caso se trata de la fase de concurso del proceso selectivo del Grupo Auxiliar de la Función Administrativa de la Oferta de Empleo Público para las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam), a las que se presentaron 729 personas para cubrir 483 plazas y cuyo listado provisional de méritos se publicó el 14 de febrero pasado.
Según el CSI.F, el «elevado número de reclamaciones presentadas» se debe a que el tribunal haya decidido no valorar cursos que cumplen con el Anexo II de la convocatoria, de fecha 16 de octubre de 2009 y conforme a la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam. Así, el punto B de ese Anexo II establece un máximo de diez puntos por los diplomas o certificados que acrediten la formación continua relacionada con las plazas ofertadas, que se sumará al tiempo trabajado en la valoración final.
Lo que ocurre —agrega la nota de este sindicato— es que el tribunal opositor ha decidido unilateralmente e incumpliendo las bases de la convocatoria no admitir algunos de los cursos organizados por los organismos de la administración central, autonómica, universidades, instituciones sanitarias, organizaciones sindicales y entidades sin ánimo de lucro. «Esa decisión perjudica claramente a los opositores, que no podrán optar a las plazas ofertadas en las mismas condiciones que el resto de opositores de convocatoria anteriores, ya que en aquellas sí que se admitieron, al igual que se admiten como méritos en la Bolsa de trabajo del Sescam».
Para solventar este desaguisado el CSI.F solicita de la presidenta del tribunal calificador la corrección de este «tremendo e intolerable error», que no hace sino cuestionar la limpieza de un proceso publicado en el Diario de Castilla-La Mancha de octubre de 2009. Apelan por ello a la responsabilidad del director general de Recursos Humanos del Sescam, que es quien firma la resolución del proceso selectivo, para fijar objetivamente los criterios de la misma y acabar con la incertidumbre de los opositores.
Fuente: Diario El País
Se llaman inspectores accidentales. Vigilan y visitan los centros escolares y funcionan como los interinos, con puesto pero sin plaza fija. Las listas de las últimas oposiciones, convocadas el pasado julio y publicadas ahora, han creado "malestar" en el sector. Más de un tercio de los accidentales (34 de los 85 actuales, que cubren el 45% de las plazas del cuerpo) se han quedado en el camino, después de trabajar en sus puestos hasta 20 años en algunos casos. Sus representantes denuncian que la Consejería de Educación ha cambiado el proceso de selección para discriminarles y sustituirles por otros "más obedientes".
La consejería, que considera la convocatoria "plenamente ajustada a derecho", modificó el proceso de selección del tribunal y el modo de evaluación. En lugar de seleccionar a los miembros por sorteo, la Consejería eligió a dedo a tres de los cinco componentes. Y en lugar de sumar la puntuación de las pruebas teórica y práctica, la primera de las tres pruebas, que era teórica, fue eliminatoria. Los 34 inspectores accidentales eliminados se incorporan ya como docentes, casi a final de curso, a los colegios e institutos donde antes daban clase.
La asociación mayoritaria de inspectores (Adide) y los sindicatos CC OO y UGT se han quejado varias veces a Educación por este asunto. El 1 de marzo enviaron una carta donde aseguran que la modificación se ha hecho "de la manera más desfavorable para los inspectores accidentales". Creen que supone "una discriminación y un agravio" para el colectivo y una medida "inédita" en la Administración. Apelan al Real Decreto 276/2007 del Ministerio de Educación, el que regula el ingreso en cuerpos docentes. Esa normativa establece que el tribunal de unas oposiciones lo deben conformar un presidente elegido por la Administración y el resto de miembros designado por sorteo.
Los inspectores sostienen que no hay "ninguna norma en vigor" que permita los cambios que introduce la consejería. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) del pasado septiembre invalida precisamente unas oposiciones a inspector por una "irregularidad". En ese caso, como en este, los miembros del Tribunal fueron seleccionados y no designados por sorteo.
La prueba eliminatoria suponía desarrollar el temario de legislación del Ministerio de Educación. Los inspectores denuncian que es "primar la memoria a la experiencia". "Han ninguneado a los accidentales, no han respetado su trabajo, hay un gran malestar con el proceso", denuncia Juan José Reina, presidente de Adide. "Quieren una inspección que responda a criterios de obediencia", añade Marcelino Guerrero, representante de los inspectores de CC OO. Su sindicato prepara un recurso contencioso contra el procedimiento. Consideran que el cambio "obedece a un intento del Gobierno de controlar políticamente la función inspectora", según Paco García, secretario de Enseñanza del sindicato en Madrid. Su homólogo en UGT, Eduardo Sabina, denuncia además que todo el proceso se modificara "sin negociarlo con los representantes de los trabajadores".
El Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero ha convocado para este año 2.781 plazas en su oferta de empleo público, que limita la tasa de reposición de efectivos al 10% (en Educación hasta el 30%), como ya ocurriera el año pasado, con lo que de cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se cubrirá una plaza. Según el Gobierno, esta oferta responde a la necesidad de contención del gasto público y la utilización eficiente de recursos. Ya el pasado año recortó en un 87% las plazas de nuevo ingreso; y en el 2009, la oferta pública de empleo fue un 42% menor que en el año 2008.
REGIONES LIMITROFES
De las comunidades limítrofes con Extremadura, solamente Castilla y León ha sacado ya su oferta pública de empleo para este año, cifrada en 1.247 plazas, un 15% menos que en el 2010, con la apuesta por los servicios sociales, la sanidad y la educación.
A LA ESPERA
La gran mayoría de comunidades autónomas aún no han aprobado la oferta de empleo público para sus regiones y muchas se han limitado al ámbito educativo. El Gobierno de La Rioja aprobó la semana pasada la oferta de empleo público de la comunidad autónoma de La Rioja para este año, que contempla 38 plazas vacantes de administración general y del servicio riojano de salud. Esta convocatoria, según el Ejecutivo riojano, cumple estrictamente con los criterios fijados por el Gobierno central en la Ley de Presupuestos Generales de 2011 que establece el 10% de la tasa de reposición. Por otro lado, comunidades como Asturias anunciaron en su día que no iban a convocar oferta de empleo público para 2011. Además, Galicia, Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha todavía no han aprobado su oferta de empleo para este año.
Según informa Diario de Cádiz, la aprobación definitiva de la ley del sector público en el Parlamento el mes pasado no ha venido compañada de un descenso de la temperatura en el conflicto, que sigue al rojo vivo. Ayer, sin ir más lejos, se vivió un episodio que pone de manifiesto la tensión en el seno del colectivo de funcionarios y empleados públicos de la Junta contrarios a la nueva norma que reordena el sector. Y el escenario fue el santuario de la Administración autonómica: el edificio de Torretriana, donde tienen su sede varias consejerías del Ejecutivo andaluz.
Trabajadores de la Junta contrarios a la ley boicotearon y consiguieron impedir que dirigentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) celebraran una asamblea convocada a comienzos de esta semana para informar cómo afecta a los trabajadores dicha norma. UGT, junto con CCOO, terminó dando su apoyo al Gobierno autonómico, después de que éste incluyera en la ley algunas de las modificaciones propuestas por los sindicatos. Los funcionarios y empleados públicos pertenecientes a otras centrales como CSIF, Ustea o Safja y a diversas plataformas contrarias a la medida de la Administración, consideran a UGT y CCOO sindicatos "amigos" de la Junta, que no han dudado en alinearse con las tesis del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán.
Con este escenario de enfrentamiento, alrededor de trescientos trabajadores de Torretriana reventaron la convocatoria de UGT, que no llegó a celebrarse. Dirigentes de la central ugetista, como el secretario general de FSP-UGT, Antonio Tirado, que iba a participar en el acto, tuvo que ser escoltado por la Policía. No se produjeron agresiones, pero fuentes de UGT indicaron que sí se registraron momentos de alta tensión y que algunos de sus miembros fueron escupidos y víctimas de lanzamientos de monedas. Los servicios jurídicos del sindicato están estudiando la posibilidad de interponer una denuncia porque algunos funcionarios "secuestraron" a las personas que habían acudido a la asamblea, que quedó abortada.
"Les molesta que se les compare con la kale borroka, pero se comportan de la misma forma", criticó Tirado. Funcionarios y empleados públicos que han venido desarrollando desde el inicio del conflicto acciones de protesta contra actos protagonizados por el propio presidente de la Junta, consejeros y altos cargos del PSOE desde que el Ejecutivo dio a conocer sus intenciones de reformar el sector público, llegaron a ser tildados en su día de "fascistas" -por el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez- y de "batasunos" -por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro-. "Es que lo que han hecho con nuestra asamblea es lo que hacen los de la kale borroka en el País Vasco con las convocatorias de las organizaciones demócratas. Eso es fascismo puro", denunció Tirado. Y se preguntó: "¿Van a impedir todas las asambleas a partir de ahora?". Las centrales embocan ahora la campaña de las elecciones sindicales en la Administración, un periodo plagado de esta clase de convocatorias.
El dirigente de UGT criticó que el boicot a la asamblea anunciada por su sindicato se hiciera desde el anonimato. Esta vez no hubo iconografía de ningún tipo, ni camisetas de colores ni siglas, pero fuentes ugetistas aseguraron que "detrás están los de siempre", en alusión a miembros de los sindicatos que rechazan la ley -entre los que destacan CSIF, Ustea o Safja- y de plataformas, entre la que sobresale la PEPA. En opinión de Tirado, desde estas organizaciones se está practicando un "acoso y derribo" no sólo de los miembros de UGT y CCOO, sino también de aquellos trabajadores que están de acuerdo con la reordenación de la función pública.
El secretario general de la FSP-UGT no escondió su temor porque "algún día pase algo grave", al entender que la crispación está aumentando cada vez más en las dependencias de la Administración. En este sentido, Tirado cargó también contra los cuadros de mando, a quienes consideró responsables directos de incidentes como el de ayer por no evitarlos. "Porque, ¿cómo es posible que toda esa gente estuviera fuera de sus puestos de trabajo si no tenían intención de asistir a la asamblea?". Se preguntó. Tirado censuró que incluso llegara a sugerirse a UGT que celebrara la asamblea por la tarde.
