La Diputación celebró las oposiciones más rápidas y secretas de la historia

La institución convocó sin apenas información pública un puesto de informador turístico un martes, puso fecha al examen el jueves y el viernes se celebró, decidiendo ya ese día quién ocupará las cinco plazas de bolsa de empleo.

Según nos cuenta ileon.com, han sido posiblemente las oposiciones más rápidas de la historia de la administración pública y han ocurrido en la Diputación de León. Un proceso selectivo que se convocó un martes y se resolvió el viernes de la misma semana, sólo tres días después, y al que consiguieron presentarse 25 aspirantes, a pesar de que la información pública brilló por su ausencia, entre otras cosas porque ni siquiera se publicitó en los boletines de ofertas de empleo del servicio de empleo de la Comunidad, el Ecyl.

Se trataba en principio de la convocatoria de una plaza de informador turístico para el Consorcio Patronato de Turismo de la institución provincial leonesa. La primera noticia de la convocatoria fue el martes 8 de abril, a pesar de que en ella se especificaba que se hacía con una subvención de la Junta habilitada el 26 de febrero por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.

San Isidro y Leitariegos... pese a estar cerrados

En ella se detallaba que se trataba de un contrato de 6 meses a jornada completa como personal laboral, con contrato por obra o servicio, para labores de "atención e información al público, promoción y asesoramiento para la mejora de la explotación turística" de los recursos que son propiedad de la Diputación, como son las estaciones de esquí de Leitariegos y San Isidro (fuera de temporada y con las instalaciones cerradas), la Cueva de Valporquero, el Museo Etnográfico Provincial de Mansilla de las Mulas y el Monasterio de Carracedo.

La sorpresa llegó cuando, sin publicarse siquiera en el boletín oficial del 8 de abril del Ecyl, y por lo tanto con absoluto desconocimiento de los posibles aspirantes, el jueves 9 se convocaron ya las pruebas selectivas y para más inri la fecha elegida era... el 10 de abril, viernes, a las 10 de la mañana. Tres días después de la propia convocatoria de la única plaza indicada. Incluso aseguraron algunos interesados en redes sociales que cuando trataron de apuntarse el miércoles, en la institución les dijeron que no era posible porque la bolsa de empleo estaba cerrada, si bien al final parece que pudieron sumarse a través del propio Ecyl.

Los elegidos, sólo en el tablón del Palacio de los Guzmanes

Pese a la premura y la falta de información -el único sitio donde se 'colgó' a información fue en la propia web de la Diputación-, al final se presentaron a la prueba 25 aspirantes para un examen tipo test que no se detallaba en la convocatoria en modo alguno. Tras contestar las 20 preguntas, ese mismo viernes a la una de la tarde ya se reunió la Comisión de Valoración, puso las notas, valoró los conocimientos de inglés -que servirían para elevar la nota y deshacer posibles empates- y decidió el nombre de las cinco personas que entrarán en la bolsa de empleo. Por cierto, ese día fue el primero que se especificaba de que eran cinco los posibles contratatos, y no sólo uno como hasta entonces.

A día de hoy, 20 de abril, la web de la Diputación aún no ha publicitado de ninguna manera el resultado de la prueba selectiva, a pesar de que se celebró diez días atrás, seleccionando a priori a los mejor valorados: Ana María Rivero Rodríguez, Estefanía Camacho San Juan, Carlos Álvarez Fernández, Gema Rodríguez Ordás y María Luisa Giganto Fernández, como así consta únicamente en el tablón de anuncios del Palacio de los Guzmanes, sede de la institución.

La Diputación de Málaga, en el punto de mira

Varios incidentes y denuncias de irregularidades aún sin aclarar minan la credibilidad del organismo supramunicipal.

La polémica se cierne sobre la Diputación. El asalto, robo e incendio de la sede del Consorcio de Bomberos con el hurto de importante documentación, el hallazgo de un almacén fantasma repleto de material fuera de control, la anulación de las oposiciones de bomberos y una denuncia sobre presuntas irregularidades en la compra de material son los últimos hechos que rodean a la institución provincial.

Según nos informan en La Opinión de Málaga, la adquisición de mercancía de la que sólo se recibió una parte y por la que se pagó seis veces más de lo que se debiera, anomalías en contratos; asaltos, incendios y robos a instalaciones del organismo provincial; el descubrimiento de un almacén repleto de material fuera de control y sin inventariar; un gasto prohibitivo en un sistema de refrigeración que nunca llegó a funcionar; denuncias de amiguismo en la colocación de personal; o el abono de 2.600 euros en la compra de un cuadro para adornar un despacho.

¿Qué está pasando en la Diputación Provincial? La sombra de la duda y de la sospecha se cierne sobre el número 54 de la calle Pacífico, sede de la institución. Y es que en los últimos años la gestión en el organismo provincial ha estado salpicada de escándalos, denuncias y supuestas anomalías y, en las últimas semanas, no dejan de conocerse nuevos y sorprendentes datos. Y parece que es la punta del iceberg. El nuevo equipo de gobierno del PP ha encargado una exhaustiva auditoría que ya está arronjando resultados. Ha puesto en manos de los tribunales un caso de posibles irregularidades en la compra y pago de material contraincendios por valor de 50.000 euros en el anterior mandato del organismo supramunicipal gestionado cuando lo gestionaba el PSOE. El materia adquirido apenas es usado por su baja calidad, se compró a un precio muy superior al de mercado y se recibió solamente una quinta parte del pedido a pesar de haberlo abonado completamente.

Aunque este intento de control en la gestión y de transparencia debería ser la norma y busca limpiar la reputación de la institución, el caso es que con un debate sobre la mesa acerca de la verdadera utilidad de la existencia de las diputaciones, los acontecimientos han deteriorado aún más la imagen del organismo y ponen en entredicho su función, valor y eficacia.

Un almacén de «incógnito». El último episodio relativo a la casa provincial es el descubrimiento de un almacén que contenía una cantidad «ingente» de material sin inventariar, fuera de control y cuya existencia era desconocida por el actual equipo de gobierno.

El hallazgo se produjo a raíz del aviso de un empleado que alertó de una puerta forzada en el almacén. Los hechos han sido denunciados a la Policía Nacional y, además, la Diputación ha iniciado una investigación interna. Quiere saber si se ha producido el desvío de este material de forma paulatina conforme se realizaban los pedidos del material relativo al centro Guadalmedina y saber quién o quienes son los responsables y si alguien se ha lucrado o se ha beneficiado de ello.

Se trata del hallazgo de 625 cajas de pañales, con un valor cercano a los 18.000 euros; material de ferretería, de confección de llaves, de limpieza y de aseo de usuarios, calzado sin usar, material de cama y uniformidades de personal sanitario y de limpieza, dos motocicletas y un ciclomotor.

Este último capítulo publicado por La Opinión de Málaga se suma a otros dos recientes y acontecidos en las últimas semanas. Si este almacén fantasma era conocido a raíz de la denuncia de este empleado el pasado dos mayo, un día antes, en la madrugada del martes uno de mayo, la sede central del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) era asaltada, robada y quemada.

En este incidente se sustrajo documentación sensible de la anterior gestión, según denunciaron los actuales responsables a este periódico. Información económica, facturas, nóminas, contratos, normas de funcionamiento interno, documentación de los propios bomberos. La Policía Nacional investiga también este siniestro. El equipo gestor asegura que el incendio fue intencionado y que la persona o personas que accedieron sabían lo que buscaban y dónde hallarlo.

El robo se produjo además tres días después de que se produjeran y dieran a conocer dos hechos significativos. Por un lado la anulación por parte del juez de la convocatoria de oposiciones de los bomberos –que ahora serán convocadas de nuevo– al detectar «vicios de nulidad de las mismas» porque las plazas no estaban vinculadas. Y, por otro, ese viernes se informó en el comité de dirección del CPB –un trámite necesario para interponer la denuncia ante los tribunales ya presentada– de una supuesta irregularidad detectada en la anterior etapa. Se trata del pago de 50.000 euros en varias partes, con el que se adquirió espumógeno (material anti-incendios). La interventora del Consorcio había puesto reparos a esta compra porque sospechaba que se quería evitar el concurso público.

Se da la circunstancia de que en días anteriores al asalto al CPB se detectaron desperfectos en una puerta y a los pocos días nuevos destrozos en otra. Además, desde el pasado jueves la policía investiga un ordenador de un parque de bomberos de la zona de Ronda desde donde supuestamente «se lanzaron consignas de amenaza de muerte contra la interventora» del CPB, explicaron desde la actual dirección del consorcio a este periódico.

Pero las noticias y escándalos vienen de atrás. Una de las denuncias que más polvareda política ocasionó fue la denuncia formulada por el PP –en aquella época en la oposición y actualmente en el equipo de gobierno– en la que hablaba de «irregularidades» y «despilfarro» en la gestión del CPB. Un total de 14.200 euros gastados en comidas, 14.000 en carteras y corbatas, 36.300 en asesoramiento externo, 2.644 en la compra de un sólo cuadro para el despacho del presidente, 8.400 euros para el alquiler de un vehículo para el gerente, casi 18.000 en el diseño de una web, 8.280 en el pago de aparcamiento a personal, 2.000 euros en flores para la inauguración de un nuevo parque en Coín, 400 euros en accesorios para el móvil del gerente o 45.000 para publicidad y propaganda de los que 8.000 fueron a una misma publicación. Además se habían detectado pagos supuestamente irregulares como uno relativo a 5.000 euros que no contaba con la rúbrica mancomunada que requería. O irregularidades en contratos, con fraccionamientos de pagos para evitar un concurso público (300.000 euros en total en vestuario y material de intervención) o una adjudicación de obra por procedimiento negociado por 146.00 euros en el que dos de las tres empresas que debían concurrir eran del mismo dueño. El PP también denunció amiguismo en la colocación del personal del CPB, ya que aseguraba que una treintena de simpatizantes socialistas de la agrupación Centro estaban en distintos puestos en esta época en el consorcio.

La trigeneración y los iPad. Otro asunto polémico acerca de la anterior gestión fue la adquisición de un novedoso aparato de refrigeración. Este sistema con el que se dotó al nuevo edificio del organismo está basado en la trigeneración, un procedimiento por el cual a partir de una energía primaria, en este caso gas, se obtiene frío, calor y energía eléctrica para el propio abastecimiento de la institución y la posterior venta del sobrante, lo que además generaba, según esos estudios previos, unos beneficios anuales de cerca de un millón de euros. Pero no fue así, el resultado del gasto de estos dos millones y medios de euros ha sido un sistema que nunca llegó a funcionar. El PP acusó al PSOE de gastar seis millones y medios de euros entre maquinaria y mantenimiento en este proyecto.

Un millón de euros en facturas sin contabilizar en los cajones de los diputados del anterior equipo de gobierno de PSOE e IU, la existencia de 633 personas con firma o autorización para gastar o la existencia de 350 teléfonos móviles con una abultada factura, fueron otras de las denuncias y de las críticas del PP cuando accedió al gobierno.

La Diputación de Málaga suspende las oposiciones a Bombero

Según informa Diario Sur, en apenas una semana, el nuevo equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha logrado encauzar una de las patatas calientes con las que se encontró al acceder a la gestión de la institución. El diputado de Servicios Intermunicipales, Abdeslam Lucena, anunció ayer que las oposiciones de 273 plazas en el Consorcio Provincial de Bomberos se suspenden temporalmente con el objetivo de aportar seguridad jurídica y garantizar la legalidad de este proceso. Una medida que ha contado con el respaldo de la junta de personal y los sindicatos.


En los últimos meses y cuando aún estaba en la oposición, el PP denunció que esta oferta pública de plazas presentaba numerosas deficiencias. Ahora, para evitar problemas jurídicos en el futuro, se ha acordado suspender el proceso. Lucena avanzó la constitución de una mesa de trabajo con los representantes de los empleados para fijar una hoja de ruta para convocar un nuevo concurso con todas las garantías.
«Vamos a trabajar para que los bomberos se sientan cómodos en el consorcio», dijo el diputado. Por su parte, el presidente de la junta de personal, David Petersen, valoró este acuerdo y afirmó: «Los bomberos representamos la seguridad y reclamamos nuestra propia seguridad».


No ser el «hazmerreír»
Consciente de que el consorcio se ha visto envuelto últimamente en varias polémicas relacionadas con su gestión, el nuevo responsable del servicio destacó que viene a trabajar con ganas e ilusión y el objetivo de que dentro de un año el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga sea un «ejemplo a seguir» por cuerpos similares.


«El Consorcio de Bomberos va a dejar de ser el hazmerreír de la Diputación y de ser una pantomima», subrayó Lucena, quien confirmó que el parque de Coín -inaugurado hace dos años- entrará definitivamente en servicio el 22 de julio.

La polémica no cesa en la Diputación de León

Según informa Javier Calvo, del diario digital leonoticias.com, el miedo recorre los pasillos de la Diputación de León. Es así desde el primer año de legislatura, cuando comenzó a aflorar el verdadero carácter de la presidenta. En apenas unos meses aquellos buenos modos iniciales dieron pie a un carácter neurótico. Obsesionada por el entorno, Isabel Carrasco comenzó, según los funcionarios de la institución, a ver 'fantasmas' en todas las esquinas.
 
Entonces comenzaron a aparecer los primeros síntomas: se prohibió hablar en los pasillos, y recorrer los mismos salvo para ir de un despacho a otro, se pidió a los conserjes de mayor confianza que estuvieran atentos a cualquier 'rumor' que apareciera entre los funcionarios.

"Vive obsesionada por lo que digan", comentan los funcionarios mientras advierten a renglón seguido: "Por favor, que no me vean hablando con vosotros".

Razones tienen los bedeles para sentirse atemorizados. A los dos últimos de los que sospechó la presidenta que podrían 'filtrar' algún comentario les entregó un 'billete' para las "catacumbas" de la institución. Hoy han cambiado la planta noble por los 'papeles' en una habitación sin ventanas.

"Es que en esta casa hay muchas cosas que tapar", también se advierte en el seno de la institución provincial. Y así parece ser a tenor de las últimas sentencias judiciales.

El apaño de las oposiciones

La Diputación es hoy una institución "sin crédito" sometida al "gobierno y mando de su presidenta" que ha hecho de ella una "finca particular". Así lo ha denunciado Matías Llorente en reiteradas ocasiones.

Su denuncia ha subido el tono en las últimas horas, tras conocerse que las oposiciones a auxiliar administrativo fueron un apaño en toda regla.

Eran unas oposiciones 'bajo sospecha' desde el primer momento, las presuntas irregularidades fueron denunciadas desde la realización de las pruebas e incluso el Procurador del Común realizó un informe en el que advertía y denunciaba el sorprendente e inusual grado de notas de '10' entre los aprobados, mayoritariamente vinculados al Partido Popular.

Los opositores llegaron a denunciar que hubo una filtración del PP a afiliados, parientes de cargos públicos y amigos, y que esa filtración tuvo lugar desde la propia sede del partido. Había base argumental para la denuncia: los presuntos 'enchufados', para sorpresa general, fueron capaces incluso de responder a preguntas que no estaban en el temario. No sólo respondieron sino que lo hicieron de una forma perfecta.

La presidenta omitió su responsabilidad

Ahora la sentencia emitida por el contencioso-administrativo número 2 de la capital ha decidido su anulación. Según el juez la propia presidenta debía haber anulado la oposición, pero no lo hizo, inhibiéndose así de su responsabilidad.

El juez determina que la oposición debe anularse, las plazas deben salir de nuevo a oposición y se debe modificar el tribunal que en su día calificó la misma por ser un tribunal 'contaminado'.

La polémica oposición ha sido anulada por la vía administrativa, después de que no prosperara la vía penal. La sentencia estipula que la oposición (en la que estaban en juego 40 plazas de auxiliar administrativos, 14 de ellas conseguidas por opositores vinculados al PP) no fue clara, ni sujeta a derecho, no se respetaron los derechos de algunos opositores, hay razones para entender que los exámenes se filtraron e incluso existe riesgo de contaminación.

Los despidos irregulares

Si rocambolesca es la historia de las oposiciones no lo es menos la de los funcionarios de las Agencia de Desarrollo. PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para anular dicha agencia pero manteniendo a los trabajadores como funcionarios.

Isabel Carrasco, sin embargo, sólo escuchó la primera parte. Anuló la Agencia y despidió a los trabajadores. La justicia dejó ver que el despido era un atropello y ordenó la readmisión. ¿Solución? Readmitir a los trabajadores y pagarles sin ir a trabajar.

El encierro de éstos reclamando no cobrar estando en casa sino en su puesto de trabajo terminó con un segundo despido ahora en los tribunales.
Cobrar sin ir a trabajar
Pero cobrar sin ir a trabajar no es algo tan extraño en la Diputación de León. Lo sabe bien el gerente del Partido Popular en León. José Manuel Rodríguez mantenía una alta calidad laboral, según denunció Matías Llorente, al percibir de 40.000 euros sin ir a trabajar.

"No acude habitualmente a la institución provincial a trabajar. No viene mucho por aquí", comentaron entonces en la propia institución provincial, pese a que estaba contratado por esta desde el 19 de julio de 2007 como "técnico del grupo político del PP".

27 días después de la denuncia pública Carrasco cesó al "cargo de confianza" dentro de una política de "reducción de personal". ¿El motivo por el que el gerente del PP no acudía a su puesto en la Diputación y sí a la sede popular del Edificio Europa? "Los cargos de confianza no tienen un horario definido", se advirtió.

Un vicepresidente bajo sospecha

Pero los escándalos de la Diputación de León no se detienen ahí. Según Llorente el entorno de Isabel Carrasco también ha sido contaminado por su gestión.

Un botón de muestra. En tan sólo cuatro meses desde su creación, sin experiencia posible acumulada como empresa única y sin aparente aval anterior en el proceso de gestión y cobro de recibos, la firma Biergrim SL ha conseguido un contrato de tres millones de euros de la Diputación Provincial de León.

Biergrim es el resultado de la unión de dos empresas vinculadas al sector de la construcción (Excarbi y Gestión de Recursos e Ingeniería Medioambiental) y dos socios particulares (Alfonso C.B. y José Manuel S.M.). La empresa fue creada fue creada en el mes de junio y cuatro meses después ya tenía un contrato millonario en su cuenta para la gestión y cobro de recibos de Gersul.

Para Llorente hay una "sospecha fundada" de que en el pliego para esa adjudicación se realizó un 'traje a medida' para la empresa Biergrim. Y detrás de esta empresa se encuentra "Excarbi" la empresa que el popular Jaime González asesoraba (como consta en diversos documentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León) y a la que se adjudicaron obras por el método de urgencia por valor de 340.000 euros ("En todas las obras de carreteras que él está adjudicando las bajas vienen siendo no más allá del 2% de la licitación, mientras en el resto de casos las bajas oscilan entre el 15 y el 20%", ha denunciado Llorente de forma pública).

Despacho insonorizado

Tal es la obsesión por ocultar lo que sucede en la Diputación que Isabel Carrasco, en la última reforma de la planta noble, incluyó una puerta insonorizada para su despacho.

La presidenta de la institución creía que 'por debajo' de la anterior puerta se filtraban secretos así que ordenó ese cambio, y otros muchos, entre ellos 24.000 euros en cortinas.

El dato podría ser anecdótico, pero no lo es en un entorno de crisis, con los datos del paro y la crisis económica disparados.

Pases VIPS y adjudicaciones con trato de favor

Algunos ejemplos más dan idea del estado en el que hoy se encuentra la Diputación. Matías Llorente no ha tenido reparos en denunciar que el compañero sentimental de la presidenta de la Diputación goza de un inusual trato de favor.

En San Isidro, estación invernal dependiente de la Diputación, se le entregó una moto de nieve para realizar "fotografías". La moto, en realidad, está destinada al personal y se usa para el rescate de heridos.

El mismo día que el compañero sentimental de la presidenta se paseaba por la montaña con la nieve un herido precisó de traslado. No había moto, no había traslado, y ahí comenzó otra polvareda que aún hoy no ha tenido fin.

Llorente ha pedido a la presidenta cuentas por las adjudicaciones a la empresa, propiedad de un cargo público del PP, en la que trabaja su compañero sentimental. "200.000 euros en los últimos tiempos", ha denunciado.

Y lo que queda

En el seno de la Diputación se advierten que éstos son sólo algunos de los desmanes que se viven en la institución. Hay más, desde la dictadura y el control que se ejerce sobre los medios de comunicación de forma un tanto sospechosa, más adjudicaciones fuera de control, cargos bajo sospecha...