Las oposiciones a conserje en Alcalá de Henares, bajo sospecha de amaño

A lista de aprobados en las oposiciones a conserje del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) –13 plazas, luego ampliadas a 20, dos de ellas para discapacitados– ha sido la comidilla de la localidad complutense: la nota más alta la obtuvo la hija de la delegada de Comisiones Obreras en el consistorio, Carmen Adrados; el cuarto, quinto y sexto puesto, empatadas a puntos, lo ocuparon Eva María Ciruelos, hija del jefe de escoltas del alcalde, Bartolomé González, del PP y al que conocen como Bartolo; Ana Belén Molina, novia del hijo del delegado municipal de CC OO Juan Francisco Rodríguez –más conocido como Dios–; y Eva Arias, hija del también delegado de CC OO Joaquín Arias. En octavo lugar quedó Mireya Cabrera, hija de la exconcejal del PP y jefa de Integración Teresa Obiol. Y la decimotercera y última plaza fue para Yolanda Paniagua, hija de la exconcejal del PP y jefa de Ordenación de la Ciudad, Beatriz Díaz Manzanares.


Es decir, seis de las 13 plazas ofertadas las copaban, por sus notas, personas afines a cargos del PP y CC OO, el sindicato mayoritario en la Junta de Personal. Demasiadas dudas para un ayuntamiento en el que el PP repite –aunque sin mayoría absoluta– desde el 11 de junio.
Por eso, muchos de los opositores excluidos –entre ellos, varios conserjes interinos que se irán a la calle– hablan de un “pacto tácito” entre PP y CCOO para colocar a sus allegados en empleos públicos. Un pacto del que las oposiciones serían la última muestra. “Tras los exámenes, recibimos cientos de quejas de opositores indignados –dice Raúl García, portavoz de UGT–. Y pedimos transparencia ante las sospechas y suspicacias habidas”.

Aumentan las dudas sobre las oposiciones en Vigo

Según informa 'La Voz de Galicia', el caso destapado por una opositora que denunció que otra aspirante a un puesto de promoción interna custodiaba los exámenes amenaza con dar un vuelco. La CIG aseguró ayer que «é práctica habitual dos actuais órganos de selección a de preparar as preguntas dende os días anteriores e de xeito individual por cada membro dos tribunais, o cal eleva o risco de eventuais filtracións, e que no se garante o anonimato nas ditas probas, incumprindo o establecido nas bases da oferta de emprego público».


Con este comunicado salen al paso de las declaraciones realizadas el día anterior por el presidente del comité de empresa del Concello, perteneciente a un sindicato independiente. Dámaso Pena consideró que la reclamación carecía de relevancia y avaló la actuación del tribunal cuestionado. La CIG se desvinculó de este pronunciamiento y optó por enviar al alcalde vigués una propuesta concreta.


Investigación


En la carta que le remitieron el pasado jueves a Caballero, le reclaman que «proceda a investigar as irregularidades denunciadas nas probas correspondientes a 14 administrativos (e outras se as houbese) e, de se demostrar a existencia de neglixencia na custodia de dito expediente, se depuren as responsabilidades pertinentes».


Ante el revuelo que alcanza la polémica, el alcalde vigués reconoció ayer finalmente que había llegado al Concello el escrito enviado por el Valedor do Pobo en el que reclama que se le remita el expediente. En los tres días anteriores, el gobierno local negó que el fax del Valedor hubiera llegado, pese a que dicha institución cuenta con la acreditación del envío.


Además de reconocer su recepción, Caballero aseguró que se atendería de inmediato la demanda. No obstante, acusó también el mensaje que el día anterior le envió Núñez Feijoo, de quien dijo que «ha alcanzado su grado máximo al convertirse en concejal de la oposición en Vigo», por coincidir con el PP local en este asunto.

Sospechas de amaño en las oposiciones a ordenanza en el Ayuntamiento de Pontevedra

Según relata el diario 'ABC', la sección de Administración del sindicato CIG en Pontevedra ha denunciado una irregularidad en el proceso de contratación de personal en el propio ayuntamiento de la ciudad. La central nacionalista tuvo el conocimiento de estas anomalías a través de dos de sus afiliados, que detectaron una serie de irregularidades en el tribunal que seleccionaba a los candidatos. F.I.G y D.I.G explicaron que eran conscientes de que el proceso selectivo para la contratación de un ordenanza, que se desarrollaría por oposición libre entre 128 aspirantes, se iba a otorgar a una persona determinada, de iniciales A.R.D.


Los dos afectados constataron que existían rumores entre el personal del Ayuntamiento, y por ello acudieron ante el notario para registrar el suceso, antes de que se realizaran los exámenes para evitar malos entendidos y falsas acusaciones posteriores. «Recogieron en una acta notarial el nombre de dicho aspirante, que efectivamente obtuvo la plaza», explicó la secretaria comarcal del sindicato, Dina Porral.


Ante esta situación, el sindicato le reclama al Gobierno local que abra una investigación, puesto que estas irregularidades son intolerables en un estado de derecho, y «son especialmente dolorosas dada la situación de paro generalizado existente en nuestro país», puntualizó Porral. La asociación también critica la parcialidad de los tribunales, que suelen estar integrados siempre por las mismas personas, defienden. En este caso, una de ellas formó parte de otros dos tribunales que terminaron en conflicto, apunta la secretaria.


La CIG también quiso destacar que no se trata de un suceso aislado, ya que estas irregularidades también se constataron en otros procesos selectivos, como en el caso de los vigilantes. En esa ocasión, los sucesos fueron denunciados por uno de estos afiliados, pero la celebración del juicio todavía no se ha consumado. Ante esta situación, Porral hace un llamamiento al Ayuntamiento de Pontevedra, explicando que «si desde la Alcaldía no se realiza una investigación creíble y seria estarán siendo cómplices del más descarado enchufismo, que siempre fue criticado en las administraciones públicas», aclaró.


Por otro lado, y teniendo en cuenta que el suceso se debe a irregularidades del propio tribunal selector, como apuntaron los dos implicados, el sindicato exime de culpa al Gobierno local, pero insta al gobierno presidido por Miguel Anxo Fernández Lores a «investigar hasta las últimas consecuencias y depurar las responsabilidades de los causantes de las irregularidades». Como solución a este altercado, la asociación de trabajadores propone que se repitan las pruebas selectivas para el puesto, «si fuera necesario, por responsabilidad y por coherencia», sentenció Porral.

La Fiscalía de Valencia investiga un posible amaño en unas oposiciones a la Diputación

Según publican los socialistas de Chiva  en su blog , la Fiscalía provincial de Valencia ha abierto de oficio diligencias de investigación penal ante la existencia de un posible amaño en el primer examen  para cubrir diez plazas de auxiliar de recaudación en la Diputación,  tomando declaraciones a los responsables sindicales de CCOO y UGT que presentaron la denuncia y hace suya la investigación sobre una posible filtración de la prueba "que señala como posible responsable a Javier Montero , jefe de la imprenta por designación del diputado Jose Manuel Haro.


Los supuestos favorecidos: Sonia Miquel Delvis (cuñada del funcionario municipal Javier Montero, que trabaja como jefe de la Imprenta Provincial, a las órdenes de Haro), la esposa de Javier Montero, el empleado del Ayuntamiento Guillermo Diaz Piquer, José Manuel Lacalle Aroca y la concejala Concepción Ortiz Alarcón".


Hay que recordar que Rus, según confirmó CCOO, ordenó paralizar el proceso, ante las sospechas de irregularidades, hasta que se  puedan aclarar las circunstancias que rodean el primer examen y que el sindicato denunció ante la Fiscalía.


Además, ha encargado una investigación interna, que este sindicato, considera "insuficiente" porque "no aportará nada nuevo". Asimismo, ha señalado que el hecho de que los sindicatos denunciantes no hayan sido informados de la investigación ni formen parte de la misma, "refuerza la idea de que se trate de una mera formalidad para continuar el proceso de selección y consolidar a los opositores sospechosos".