Justicia cambia la fecha de las oposiciones de la OEP de 2015

El Ministerio de Justicia ha cambiado otra vez la fecha de las oposiciones de la oferta de empleo público de 2015.
 

Según nos cuenta el medio digital Expasión, el primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa será el domingo 3 de julio de 2016 y el primer examen de para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial se realizarán a partir de septiembre de 2016.

Para tramitación el Ministerio de Justicia ha manejado hasta cuatro fechas (21 y 28 de mayo, 5 de junio y la de ahora, que aún no se ha hecho pública, pero de la que se hace eco el sindicato CSIF en un comunicado.

El cambio de fecha, según el Ministerio de Justicia, se debe a que los convenios con las universidades tienen que pasar por el Ministerio de Hacienda, un problema que no se ha planteado para los exámenes que se han realizado de otros cuerpos. Para CSIF, "esta decisión refleja una enorme improvisación que perjudica y falta el respeto a los cerca de 120.000 aspirantes".

"Han pasado cinco meses desde la convocatoria, tiempo más que suficiente para haber previsto todas las incidencias y haber firmado los convenios. Por otro lado, si eran conscientes de este problema, ¿Cómo es posible que a las gerencias se les permita remitir correos confirmando unas fechas que no son ciertas?"

CSIF denuncia "la falta absoluta de previsión en la organización de las oposiciones que se manifestó en diversos incidentes en la convocatoria de Gestión turno libre y la evidente descoordinación entre el Ministerio de Justicia, sus propias Gerencias y los Tribunales único y delegados".

Oposiciones en Galicia | La Xunta convoca 33 plazas de empleo público para ingenieros, biólogos, químicos, estadísticos y letrados

De estas plazas, 21 son de acceso libre y 11 de promoción interna, según recoge hoy el DOG

 

Según nos informa el medio digital faro de Vigo, La Xunta ha convocado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) oposiciones para la cobertura de 33 plazas en las escalas de funcionarios de la Administración gallega. Estas oposiciones permitirán cubrir plazas de empleo público para reforzar las escalas de ingenieros, químicos, biólogos, estadísticos y letrados de la Administración gallega.


Estas oposiciones permitirán reforzar, según ha precisado el Gobierno gallego en un comunicado, distintas escalas de funcionarios de la Administración especial de la Administración general de la Comunidad autónoma. En concreto, 11 plazas serán para la escala de ciencias, especialidad de biología; siete para la escala de ingenieros técnicos, en la especialidad de ingeniería técnica industrial; y cuatro plazas para la escala de letrados de la Administración gallega.

Las convocatorias de estas oposiciones se publicarán en el DOG a lo largo de esta semana, entre este martes y este miércoles. De estas plazas, 21 son de acceso libre, se cubrirán por oposición y a ellas puede presentarse cualquier persona que reúna los requisitos y quiera trabajar en la Xunta.


De las plazas restantes, 11 se cubrirán por promoción interna --reservado para los empleados públicos-- y también por sistema de oposición; y otra plaza se convocará mediante proceso extraordinario de consolidación de empleo mediante concurso-oposición.


Las convocatorias incluyen las normas generales, los requisitos que deberán poseer las personas aspirantes y los programas que regirán los distintos procesos selectivos.


Todas las personas interesadas en participar en estas oposiciones podrán presentar su solicitud en el plazo de 20 días naturales, que se contarán desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria.

El Gobierno catalán convoca oposiciones a dos meses de las elecciones

El Govern saca 1.230 plazas de empleo público para "garantizar" el buen funcionamiento de "los servicios públicos" y como "síntoma" de la mejora en la situación económica.

 

Según La Gaceta, el gobierno catalán ha aprobado sacar a concurso 1.230 plazas de empleo público. Esta medida, anunciada por la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, rompe con cuatro años sin convocatoria de oposiciones.

Borràs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, ha asegurado que esta decisión se ha querido centrar en "los servicios públicos esenciales" para "garantizar" su buen funcionamiento y son un buen "síntoma" de la mejora en la situación económica. La mayoría de las plazas se centran en sectores como la salud (340 puestos), la educación (300) y la asistencia social (70). También habrá sociólogos (150) y bomberos (153).

El 2% de las plazas estarán reservadas para personas con discapacidad intelectual y el resto girarán sobre la Agencia Tributaria Catalana, habrá 20 nuevos inspectores fiscales y 40 técnicos tributarios. La consejera ha manifestado que las 20 plazas de inspector tributario son suficientes para la situación actual, pues las "necesidades" están cubiertas con "las plazas actuales".

El gabinete presidido por Artur Mas Govern ha aprobado, además, la creación de la figura del "directivo público profesional", que se sitúa entre "el servidor público" y "el cargo político". Este cambio "gradual" que según Borràs se lleva a cabo para "una mejora de la calidad de los servicios públicos".

Las oposiciones para las 200 plazas de funcionarios se celebrarán a partir de verano

El 6% de las plazas se destinarán a discapacitados y 64 serán de promoción interna. 

 

Según el Heraldo.es, el Ayuntamiento de Zaragoza convocará a partir del verano oposiciones para cubrir 200 plazas de funcionarios de las 715 que compone la totalidad de la Oferta de Empleo Público de 2015-2018, negociada con los sindicatos.

Para este año, se ha aprobado 201 plazas que se sumarán a las 514 de procesos anteriores y lo que supone un total 715, ha informado en rueda de prensa la consejera municipal de Régimen Interior, Lola Ranera.

Se trata, ha dicho, de una oferta "importante" porque abarca diversos campos laborales, desde puestos técnicos jurídicos, trabajadores sociales hasta operarios, además de que están generando también expectativas de carrera profesional para los actuales funcionarios, que, ha reconocido, durante estos años han estado "desmotivados" por la imposibilidad del Consistorio de convocar un concurso-oposición.

Este año se van a sacar a concurso 200 plazas de veinte procesos distintos, entre ellas las de operarios, con 107 plazas.

El 6% de las plazas se destinarán a discapacitados y 64 serán de promoción interna.

Algunas de las bases ya están incluidas y como novedades, ha informado, este año se incluirá en las bases la fecha del primer examen, que todavía se desconoce pero que se calcula que será a partir del verano.

Ranera ha recordado que en el Ayuntamiento se han perdido casi mil plazas y la imposibilidad de convocar oposiciones para dar cumplimiento al plan de ajuste ha generado "un problema importante e incluso grave que ha puesto en peligro hasta la apertura de equipamientos", ha asegurado.

El Sergas convoca oposiciones para 344 plazas

El presidente de la Xunta anuncia la renovación de los equipos de hemodinámica en Vigo, A Coruña y Santiago 

 

Según el Faro de Vigo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado hoy la convocatoria de una oferta pública de empleo de 344 plazas en el Sergas para 2015 y la renovación de los equipos de hemodinámica de los hospitales de A Coruña, Vigo y Santiago por 4,6 millones de euros.

Tras el Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha explicado que estas plazas convocadas en el Sergas corresponden al nuevo tope de reposición del 50% autorizado por el Gobierno y forman parte de las 1.163 plazas en servicios públicos que este año convocará el Ejecutivo autonómico.

Según ha dicho, cuando las personas que consigan plaza tomen posesión, 5.000 profesionales sanitarios habrán consolidado su empleo en el Sergas desde 2009. En su intervención, ha asegurado que estas plazas se unirán a las de la convocatoria de 2013 de médicos de familia de atención primaria y de personal de enfermería
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Renovación equipos hemodinámica
La Xunta ha dado hoy también el visto bueno a la adjudicación del segundo lote del concurso para renovar alta tecnología sanitaria en los hospitales gallegos, por lo que por 4,6 millones de euros se sustituirán los equipos de hemodinámica en A Coruña, Santiago y Vigo.

Esta adjudicación se une a la hecha hace un par de semanas del primer lote, con el que se renovarán 10 aceleradores lineales para completar el parque de equipamientos de radioterapia, el primero de los cuales se instalará en Lugo.

Las oposiciones para puestos en la Junta serán a partir de octubre de este año

El plazo de presentación de solicitudes para los aspirantes, que se abre el próximo 21 de abril y hasta el 20 de mayo

Según nos cuenta el periódico ABC Andalucía, los exámenes de la Oferta de Empleo Público (OPE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se realizarán a partir de mediados de octubre de 2015, y durante los fines de semana hasta mitad de diciembre, según el calendario previsto que ha presentado este martes la Dirección General de Profesionales a los sindicatos.

En este cronograma se establece además el plazo de presentación de solicitudes para los aspirantes, que se abre el próximo 21 de abril y hasta el 20 de mayo, y que los listados provisionales de admitidos a las pruebas de selección que prevé el concurso oposición se publicarán, previsiblemente, del 20 al 31 de julio.

En cuanto al concurso de traslados, según una nota de prensa, las personas interesadas podrán presentar su documentación del 18 de mayo al 16 de junio. Los listados provisionales se publicarán en la primera quincena de diciembre, estando totalmente resuelto el concurso a finales de enero de 2016.
Más de 3.000 plazas

Andalucía saca a concurso en 2015 más de 3.000 plazas para trabajar en el sistema sanitario público. Esa es la cifra que forma la Oferta Pública de Empleo, en la que se incluyen las plazas establecidas para las convocatorias 2013, 2014 y 2015.

Según ha recordado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, «esta Oferta de Empleo Público es la más amplia del país y permite avanzar en el compromiso de promover la estabilidad en los trabajadores públicos».

¿Se acaban las oposiciones?

José Eugenio Soriano García

Las noticias rumorean que el viernes se acaba la convocatoria de plazas para el “empleo” público, fórmula políticamente correcta de confundir sobre el acceso a la Administración, al mezclar indebidamente lo que es, en efecto, puro empleo sindicalmente controlado y el tradicional camino hacia la función pública y que ahora, creo, el nuevo Gobierno debería esforzarse en distinguir correctamente para, de una vez por todas, volver a la senda correcta de la transparencia y competencia y competitividad vinculadas a la que fuera honorable forma de servir públicamente, como fue la función pública durante más de un siglo.

En el César Carlos y en el San Alberto Magno, tradicionales colegios mayores de estancia de opositores, se respira un ambiente fúnebre. Una generación entera va a ser sacrificada en aras de la inmediata anterior que, vía empleo público — en ocasiones muy corruptamente incorporado especialmente en algunas Autonomías y Ayuntamientos - se han incorporado definitivamente a la cosa pública sin el menor problema y sin, en muchas veces, el menor esfuerzo.

Y sin embargo, hay muchas oposiciones que preparan precisamente para servir en puestos que no constituyen tanto un gasto como una inversión. A la cabeza de todas, están los Jueces, un cuerpo absolutamente necesario para dar confianza y seguridad jurídica, claves elementos para conseguir recuperación económica que a su vez es el fundamento de la salida de la crisis. De una u otra forma, en un Estado de Derecho, todo puede acabar pasando en muchas ocasiones por los Juzgados. Y estos no deben convertirse en la antesala del Purgatorio. Para ello, resulta desde luego obligado realizar muchas reformas. Pongamos por caso, que en el contencioso administrativo la suma de inadmisiones, desestimaciones e inejecuciones no sea mayor que la de estimaciones ejecutadas (un sueño que hoy por hoy queda en eso, una ilusión propia de un mundo mejor).

Pero sin duda alguna, junto con muchas reformas grandes y pequeñas (entre estas últimas, por ejemplo, imponer horarios de presencia en los Juzgados mañana y tarde y entre las primeras, entre otras, ante todo, cambiar el protervo Consejo General del Poder Judicial, fijar de verdad la responsabilidad de los Jueces o examinar en profundidad el tema de las costas o reducir las dilaciones con reforma importante de la Oficina), digo, junto con las reformas grandes, el primer desafío que impone la crisis económica es la de crear y disponer de un número de Jueces apropiados.



Los países se juzgan, cada vez más, por su seguridad jurídica. Y la agilidad, fiabilidad y certeza son los elementos a partir de los cuales se formulan los rangos y jerarquías que permiten colocar a un país por encima de otro. 

Si acudimos al World Economic Forum resulta que la Justicia española no es de las más fiables ni prestigiadas, ocupando un puesto más bien bajo: E l Informe Global de Competitividad del World Economic Forum colocó a España en el puesto 63 -entre 142 países- en eficacia y eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias. En el discurso de investidura, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció que "lisa y llanamente, esto no puede seguir así".

Por tanto, no tiene el menor sentido que ahora, conociendo el problema y la cuestión, se pueda llegar a decir que las oposiciones a Jueces se han acabado. Y digo bien además, oposiciones. Porque en un país con tanto amiguismo y tendencia a la colocación en puestos públicos (y privados) como es España, tendríamos un problema gravísimo si prescindiéramos de un sistema que garantiza bastante el mérito y la capacidad. Lo peor que puede ocurrir en la Justicia, como en parte ha sucedido ya en el empleo público, es que sean nombrados por los partidos políticos quienes van a formar parte del Tercer Poder. O existe mérito y capacidad o simplemente será la pura designación política y el sectarismo, la ignorancia y la amistad — enemistad, las que determinarían quienes serían los Jueces, con lo cual, el desastre completo para nuestro país está asegurado y además sería perenne.

Un juez, en lo que cuesta, es un costo de inversión y no de gasto. Y esto tiene que tenerlo absolutamente en cuenta el Presidente del Gobierno y en general los rectores políticos. No se puede abordar este asunto desde la perspectiva del mero costo de reposición cero. Eso es condenar a la sociedad entera a la pobreza, porque exactamente, los Jueces crean con su seguridad jurídica, riqueza. Imaginen un país con soluciones rápidas, fiables, seguras y predecibles en las controversias judiciales. Ese país ganaría en prestigio muchos puestos en los rangos de competitividad mundial.

Máxime, volvamos ahora a la exigencia de que sí se continúen proveyendo puestos en la carrera judicial (y adlátere) si tenemos en cuenta que la supresión del acceso a esta carrera sería una debilitación del Estado frente a las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, etc, las cuales, con matices, van a continuar proveyéndose de puestos, haga lo que haga y diga lo que diga el Estado. En la Universidad, en los últimos cinco años, se han proveído por la llamada ANECA más de 14.000 puestos, en total. Súmenlo al presupuesto y extraigan las consecuencias. Y Premios Nobel por las esquinas, pues no se ven.

Es en el Estado donde hay que programar y planificar de acuerdo con el principio de realidad, examinando las necesidades, las exigencias y todo ello de conformidad con cálculos económicos. No se puede dejar de quejar un inversor extranjero o un empresario español de que, pongamos por caso, un Juzgado Contencioso en un asunto de ahora a lo mejor lo cita para el año… 2014, por lo menos, y luego pedirle que invierta. Es responsabilidad y culpa directa del Estado no hacerlo así. Por ello, ahora, precisamente, y como medida anticrisis, de abandonar las oposiciones, nada de nada. Todo lo contrario: háganse aquellas que fueren necesarias para que los recursos económicos funcionen. Si no, este abandono será eso, un abandono definitivo de la esperanza de salir de la crisis.

La Junta de Andalucía renuncia a las oposiciones libres

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha renunciado finalmente a cambiar este año el modelo de acceso a la oferta de empleo público en la administración general. Los opositores que aspiren a una de las 500 plazas de acceso libre que se convocarán en breve --son las plazas correspondientes a la oferta de 2010-- volverán a concurrir a un concurso-oposición y no a una oposición libre, en la que solo pesará el examen, como pretendía la Junta y rechazaron los sindicatos. Eso sí, el examen supondrá el 90% de la nota (hasta ahora pesaba un 80%) y el concurso un 10% (en vez de un 20%).


Además, la asistencia a seminarios no dará puntos en la fase de concurso como hasta ahora, algo que tampoco ha gustado a los sindicatos. Sí contará la participación como ponente, además de seguir valorando los cursos (a diferencia de los seminarios, que suelen ser de 10 o 20 horas lectivas, tienen 100 o 150 y pueden ser presenciales o a distancia), la titulación, los máster oficiales y la experiencia laboral como interino en la Administración o en la empresa privada en puestos con funciones similares a las de la plaza a la que se aspira.


La consejera Carmen Martínez Aguayo anunció en febrero su intención de modificar el sistema de acceso al empleo público en la administración. Justificó el cambio en el hecho de que el concurso-oposición se creó en 2002 para favorecer a lLa Junta de os interinos, que entonces suponían el 20% de los empleados públicos. Pero esa necesidad ha desaparecido porque la tasa de temporalidad actual se sitúa en el 8%. Sin embargo, todos los sindicatos rechazaron de plano el cambio de sistema al considerar que aún no se ha bajado la interinidad lo suficiente.

Desestimado el recurso de ATI contra las bases de la oposición para personal no sanitario del SCS

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso del sindicato ATI contra las bases que regulaban el proceso de concurso oposición para personal no sanitario de la Oferta de Empleo Público del Servicio Cántabro de Salud (SCS)

En concreto, el sindicato había recurrido las bases del proceso selectivo que afectaba a las doce categorías no sanitarias de la oferta de empleo público: las de técnico de gestión de sistemas y tecnologías de la información, técnico especialista en informática, grupo administrativo de la función administrativa, calefactor, electricista, fontanero, auxiliar administrativo, mecánico, telefonista, celador, peón y pinche.

Según se explica en una sentencia fechada el pasado 27 de mayo y hecha pública este miércoles por la Consejería de Sanidad, la principal reivindicación de ATI era que en la fase de concurso se valoraran méritos que el Servicio Cántabro de Salud no tenía en cuenta.

Así, pedía que se reconociera el trabajo prestado en instituciones sanitarias aunque fuera en otros subgrupos y alegaba que en el caso del personal sanitario sí que se puntuaba el trabajo realizado en otras categorías, lo que suponía un "agravio comparativo".

Frente a esa petición, la Sala de lo Contencioso deja claro que sus competencias no alcanzan a decirle a la Administración qué requisitos debe incluir en un concurso y qué méritos valorar, ya que su única potestad es la de anular las bases si no fueran conformes a derecho.

En cualquier caso, justifica la postura de la administración y comparte que en el caso del personal sanitario sí se valore el trabajo prestado previamente en otras categorías.

Y es que, desde su punto de vista, "resulta de todo punto ilógico" valorar el trabajo realizado, por ejemplo, como electricista, cuando se opta a una plaza de fontanero. En cambio, en el caso del personal sanitario, señala que todas las categorías desempeñan tareas de carácter sanitario.

Además, destaca que en uno de los casos sí que se valora el trabajo previo en otras categorías. Se trata de las plazas correspondientes a técnico de gestión de sistemas y tecnologías de información, ya que esta categoría se creó en 2005 y por ello se puntuaba también el tiempo trabajado antes de esa fecha en otras categorías pero con las mismas funciones.

También rechaza la Sala la petición del sindicato para que en el temario de las oposiciones de auxiliar administrativo se eliminase el tema relativo a la Ley de Finanzas de Cantabria porque, a su juicio, no se adecuaba a las funciones de esta categoría. El TSJC le responde que la administración tiene discrecionalidad para determinar los contenidos de los temarios.

Por último, otro de los argumentos que alegaba ATI en su recurso era que Sanidad había vulnerado acuerdos de las mesas de negociación, pero la sentencia lo niega y recalca que "en ningún momento la administración" se ha apartado de lo planteado y aprobado en el ámbito de la negociación colectiva y no se aprecia por tanto "irregularidad alguna".