Rodríguez Lainz finaliza la investigación de los exámenes de entrada al Ayuntamiento de 2008 y 2009 y mantiene la imputación a nueve personas, dos miembros de la Junta de Personal
Según el medio digital Cordopolis, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, no tiene ninguna duda de que en las oposiciones a bombero convocadas en 2008 y 2009 hubo amaño. El juez ha firmado un último auto en el que da por concluida su investigación y solicita a las partes, Fiscalía y defensa, que se pronuncien para enviar antes de iniciar juicio oral contra un total de nueve personas: dos miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de CCOO, M. T. C. y Ó. L. C, a los que acusa de delitos de prevaricación y revelación de secretos; y siete bomberos que consiguieron plaza, J. E. B., J. D. L., L. A. N., F. P. P., J. L. R. G., J. R. H. y M. Á. R. H., a los que acusa de un presunto delito de tráfico de influencias.El juez, después de meses de investigación, ha llegado a la conclusión de que hubo amaño tras distintos análisis y toma de declaraciones, y sobre todo tras el estudio de un examen estadístico que encargó para determinar si había habido amaño o no. Así, después de este análisis, el juez concluye que sí lo hubo, planteando que los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento imputados diseñaron una “estrategia” para reconocer el nombre de los que firmaban el examen cuando posteriormente fueron a corregirlo. Éste sería el caso del principal imputado, Ó. L. C., al que el juez acusa de ser el cerebro de la “estrategia”.
Esta estrategia consistía en que los siete aspirantes a bombero (que aprobaron su plaza) imputados se equivocarían en la misma pregunta y contestarían de la misma forma otras dos cuestiones “dificilísimas” del examen tipo test al que se enfrentaban.
Éste es el relato del juez: “Se ha podido constatar además a lo largo de la investigación no solamente una estrategia clara de identificación de exámenes correspondiente al patrón de dejar en blanco la respuesta más sencilla sin duda de todo el cuestionario de desarrollo cuyo error no penalizaba, la número 23; sino también la solución a la identificación de exámenes en la fase de preguntas de tipo test, en la que todos los opositores investigados yerran de forma incomprensible en la misma respuesta a la pregunta número 13, la b, dándose la circunstancia que incluso así la respuesta llega a ser dada por buena inicialmente en alguna de las correcciones”.
“Es en este campo en el que el estudio estadístico aportado a la denuncia inicial sí gana sentido, pues aporta elementos indiciarios que demuestran cómo los opositores encartados habrían destacado con una impresionante precisión a preguntas dificilísimas frente al común de los opositores o sus competidores más directos, y a la vez de absurda actuación optando por no responder a una pregunta que cualquier persona puede responder (¿qué hacer ante un aviso de incendio, cuáles serían los pasos a seguir?), y que quedó patente que se avisara que no era penalizada”, afirma, tajante, Rodríguez Lainz.
En este punto, el magistrado considera manifiesta la “connivencia” entre el titular de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Córdoba y los aspirantes. Los denunciantes, opositores que no sacaron plaza, se quejaron en su día de que muchos de los que aprobaron el examen con las mejores notas eran familiares de bomberos en ejercicio del Ayuntamiento. El juez, de hecho, cita el caso del hijo de un sargento, que aprobó.
No obstante, el magistrado no considera probado que en ningún momento ninguno de los dos responsables de la Junta de Personal del Ayuntamiento imputados percibieran una compensación económica por el amaño de los exámenes. “En ningún momento de las actuaciones se ha llegado a apreciar indicios concretos de remuneración económica por tal actuación del miembro del tribunal de oposiciones”, precisa el magistrado en su auto, que ya ha sido entregado a las partes y que ahora tendrán que formular su postura.
