La Consejería de Educación que presidía la socialista Rosa Eva Díaz Tezanos anunció en febrero que convocaría este año 65 plazas de maestro de Primaria, pero que las oposiciones no se realizarían hasta 2012 junto a las de Secundaria, en una decisión que provocó las críticas de los sindicatos y del PP.
Al ser preguntado por los periodistas tras una rueda de prensa, el consejero ha explicado hoy que la Consejería solo convocará las oposiciones de Secundaria, una decisión en la que la Administración y las organizaciones sindicales están "plenamente de acuerdo" para "defender los intereses" de los opositores de Cantabria.
"Yo no tendría ningún inconveniente, y ese era un poco el compromiso. Incluso, se llegó a hablar de convocar las plazas que no se habían convocado este año, pero cuando el proceso se ha analizado y se ha visto por parte de las personas implicadas y de sus representantes sociales que no era conveniente, lo que ha habido es un acuerdo entre la Consejería y los sindicatos de que no es oportuno", ha señalado Serna, que ha agregado que el número de plazas estará "muy condicionada" por la situación económica.
Ha precisado que la intención de la Consejería es convocar "cuantas más plazas mejor", aunque la cifra deberá ajustarse a lo que determinen las leyes de Presupuestos estatal y regional y se abordará con las organizaciones sindicales.
Además, el consejero ha indicado que de cara al próximo curso no se aplicarán los recortes en el servicio comedor y transporte escolar que, según ha apuntado, había previsto el anterior Gobierno del PRC y el PSOE.
Serna ha resaltado que la Consejería no cerrará aulas de dos años, aunque cualquier incremento deberá estar "justificado", al igual que la política de nuevos centros.
"Sabemos que el presidente tiene el compromiso de no reducir los recursos para Educación, y lo que sí podemos garantizar es que no vamos a cerrar lo que tenemos", ha afirmado.
El titular de Educación ha añadido que "habrá que sacar el dinero de donde se pueda" porque esta área, al igual que la sanidad, debe ser "una prioridad".
"Yo creo que (la necesidad) es incluso más perentoria en educación, porque en sanidad uno puede decir no me cures hoy pero me curas pasado mañana", ha apostillado Serna. "Al niño de dos años no se le puede decir que la educación se le vamos a dar el año que viene", ha remachado.
Sobre el posible cierre de centros, el consejero ha explicado que "el 99 por ciento" de las decisiones que se adoptan son "técnicas" y provienen "de los inspectores".
Este año la Consejería ha cerrado dos escuelas en las que había un escaso número de alumnos. Serna ha añadido que se trata "de un proceso muy normal", que también incluye la apertura de aulas (este año hay 43 unidades de Infantil y Primaria más y una cifra semejante en Secundaria).
En cuanto a las ayudas para la compra de libros de texto, ha dicho que este año se ha "respetado" lo convocado con anterioridad, pero ha considerado que "quizás" en ocasiones anteriores no se "ha controlado demasiado" el proceso.
Por otro lado, ha descartado "de momento" aplicar la propuesta que hizo el PP para que fueran los centros los que compraran y gestionaran los libros de texto, con ayudas de la Consejería.
El gobierno local popular de Aldaia ha paralizado el proceso selectivo de cinco plazas de auxiliar administrativo que convocó la anterior corporación, a raíz de producirse recursos y alegaciones de los aspirantes que encuentran presuntas irregularidades. La primera de las pruebas de este proceso se realizó en la jornada de reflexión previa a las elecciones, lo que provocó las quejas del Partido Popular, entonces en la oposición, por entender que se utilizaba esta oferta de empleo con fines electoralistas. Según fuentes municipales, las primeras alegaciones de los afectados fueron desestimadas por el tribunal de las oposiciones.
Posteriormente una de las aspirantes presentó un recurso de alzada contra las bases de la convocatoria, lo que motivó que el tribunal recomendara la suspensión hasta que se resolviera esta queja, informan las mismas fuentes. Y el órgano competente para ello es el propio ayuntamiento.
Desde el gobierno local se asegura que existen alegaciones "tanto de personas que han quedado fuera como de aquellas que han pasado algunas pruebas pero que no están de acuerdo con la forma con que se ha llevado todo".
Siete semanas después el proceso sigue parado. La causa es que el gobierno local ha solicitado un informe externo al abogado especializado en derecho administrativo que tiene contratado el ayuntamiento. Fuentes del gobierno popular indican que la medida adoptada pretende "garantizar la mayor transparencia y que las reclamaciones de todos los afectados sean atendidas como corresponde".
Mes y medio después de que más de 23.000 personas se presentaran a las oposiciones para hacerse con una plaza de celador en el Servicio Canario de Salud (SCS), el tribunal calificador aún no ha terminado de resolver las impugnaciones que se presentaron en los días sucesivos, pero ya adelanta que en ningún caso anulará la convocatoria.
En concreto, y en el supuesto de que se aceptaran algunas de las impugnaciones a preguntas o respuestas del examen, Sanidad explica que se procedería, "en el caso de la anulación de alguna pregunta, a su sustitución por una de las preguntas de reserva y, en el supuesto de que se estimara la impugnación de alguna respuesta, a su modificación por aquella otra estimada como correcta por el respectivo tribunal calificador".
De esta manera no contempla la posibilidad de que se repita el examen de nuevo como solicitaron varios colectivos que apuntaron a supuestas irregularidades y filtraciones, puesto que se resolvería cualquier anomalía recurriendo a las preguntas o respuestas de reserva.
No obstante, lo que sí se confirma es el aviso que hizo el Colectivo de Opositores de Canarias de que al menos medio millar de aspirantes a las plazas de celador presentarían alegaciones por considerar que se había favorecido a los interinos tras haberse filtrado algunas de las preguntas, cuestión que rechazaron de pleno todos los sindicatos de sanidad recordando que dichas preguntas se incluían en los test de entrenamiento más habituales.
Sanidad confirma que "el proceso selectivo en la categoría de celador, en estos momentos se está procediendo al estudio y valoración de las impugnaciones presentadas a diversas preguntas formuladas y respuestas otorgadas a preguntas del examen de la fase de oposición celebrado el 19 de junio de 2011 por los diferentes tribunales calificadores".
Respecto al número de impugnaciones que se presentaron al examen celebrado el 19 de junio, y según los datos aproximados facilitados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad -que a su vez le fueron trasladados por los diferentes tribunales calificadores-, "ha presentado impugnación a alguna pregunta o respuesta otorgada del examen de celador el 3,2% de los aspirantes", es decir que finalmente fueron 741 opositores los que consideraron que existía alguna irregularidad en las preguntas o respuestas.
Y es que fueron más de 23.000 las personas que se presentaron a la convocatoria en la que se ofertaban 413 plazas de celador y que se realizó el mismo día y a la misma hora en todas las Islas.
Ya entonces, y ante las quejas de algunos opositores por la inclusión de determinadas preguntas, la Dirección General de Recursos Humanos aclaró que "en la convocatoria y desarrollo de los exámenes se cumplió escrupulosamente con lo que reflejaban las bases previstas".
A lista de aprobados en las oposiciones a conserje del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) –13 plazas, luego ampliadas a 20, dos de ellas para discapacitados– ha sido la comidilla de la localidad complutense: la nota más alta la obtuvo la hija de la delegada de Comisiones Obreras en el consistorio, Carmen Adrados; el cuarto, quinto y sexto puesto, empatadas a puntos, lo ocuparon Eva María Ciruelos, hija del jefe de escoltas del alcalde, Bartolomé González, del PP y al que conocen como Bartolo; Ana Belén Molina, novia del hijo del delegado municipal de CC OO Juan Francisco Rodríguez –más conocido como Dios–; y Eva Arias, hija del también delegado de CC OO Joaquín Arias. En octavo lugar quedó Mireya Cabrera, hija de la exconcejal del PP y jefa de Integración Teresa Obiol. Y la decimotercera y última plaza fue para Yolanda Paniagua, hija de la exconcejal del PP y jefa de Ordenación de la Ciudad, Beatriz Díaz Manzanares.
Es decir, seis de las 13 plazas ofertadas las copaban, por sus notas, personas afines a cargos del PP y CC OO, el sindicato mayoritario en la Junta de Personal. Demasiadas dudas para un ayuntamiento en el que el PP repite –aunque sin mayoría absoluta– desde el 11 de junio.
Por eso, muchos de los opositores excluidos –entre ellos, varios conserjes interinos que se irán a la calle– hablan de un “pacto tácito” entre PP y CCOO para colocar a sus allegados en empleos públicos. Un pacto del que las oposiciones serían la última muestra. “Tras los exámenes, recibimos cientos de quejas de opositores indignados –dice Raúl García, portavoz de UGT–. Y pedimos transparencia ante las sospechas y suspicacias habidas”.
Según informa 'ABC', la Diputación de Sevilla lleva casi 20 años sin ofertar plazas de empleo público, según ha denunciado la diputada del PP, Virginia Pérez (en la foto), que advirtió del «oscurantismo» del organismo provincial en las fórmulas de acceso y contratación de personal. Pérez señaló así que la última convocatoria para puestos de funcionarios publicada por la Diputación se remonta a 1993, cinco años más tarde en el caso del personal laboral.
Según explicó, la Corporación cuenta con 1.900 empleados entre funcionarios y personal laboral, de los que 300 se encuentran vacantes, o lo que es lo mismo, presupuestados pero no cubiertos. Completan la plantilla otros 462 trabajadores más procedentes del Opaef (218), Sevilla Activa (32), Inpro (76), Casa de la Provincia (8) y Prodetur 128, según los datos del último ejercicio presupuestario. «Hace 18 años que no existe ningún tipo de oferta de empleo público, pero sí se van cubriendo esas plazas sin ningún tipo de criterio que aporten sentido común», subrayó Pérez que recordó que ya hubo una sentencia en 1998 que anuló parte de la última convocatoria por «no ajustarse las bases a derecho».
Contratos «fraudulentos»
Al hilo, la diputada popular volvió a denunciar como hiciera recientemente el portavoz del PP en el Organismo Provincial, Eloy Carmona, los «fraudulentos» contratos laborales «de alta dirección» de los alcaldes socialistas de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez como vicepresidente del Opaef; Constantina, Mario Martínez, como vicepresidente de la Sociedad Sevilla Activa, y la regidora de Osuna, Rosario Andújar, como coordinadora del área de Formación Continua de la Administración provincial. «Tienen una dedicación de 37,5 horas semanales y un sueldo importante, pero cuando nos vamos al estatuto básico del empleado público, estos contratos no se pueden hacer», apuntó Pérez que añadió que no solo afecta a los vicepresidentes ejecutivos sino que también «a los gerentes» de las empresas públicas y organismos autónomos.
Pérez criticó en este sentido que pese a que la ley dispone que en las contrataciones debe darse, además de procesos de publicidad y concurrencia, un «ajuste» a los principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad, «al final, terminan adjudicados a dedo a señores políticos del partido socialista». Cree que la Diputación Provincial supone «todo un coladero o colocadero» de dirigentes del PSOE con casos «tan significativos» como el gobierno de la Mancomunidad de la Sierra Norte aprobado recientemente y donde «están colocados alcaldes y concejales». Ante la «falta de claridad» en la política de contratación, el PP decidió ayer solicitar por registro un informe sobre la plantilla en nómina de la Diputación y entidades dependientes, después de que «nos lo hayan negado en varias ocasiones». «Sólo —agregó— nos encontramos opacidad porque no se traslada información ni a los sindicatos ni a la oposición lo que impide el derecho fundamental de que hagamos una labor de fiscalización».
Pérez, que avanzó que su grupo llevará una propuesta a pleno para exigir «más transparencia» en la política de personal, precisó que ya existen «condenas» que revelan la falta de información por parte de la Diputación por lo que anunció que si no se facilita al PP el informe de vida laboral antes de septiembre, acudirán «a otros mecanismos».
«No entendemos cómo una institución como la Diputación no tiene una relación de puestos de trabajo cuando municipios como Cantillana con 10.000 habitantes, sí la tienen», sentenció.
El alcalde de Constantina, «colocado» en Sevilla Activa sin haber hecho una sola VPO
La diputada del PP, Virginia Pérez, insistió ayer en que la «opacidad» del equipo de Gobierno de la Diputación tiene «mucho que ver» con el tipo de contratación y de las personas que se contratan» pues «prima por encima del mérito, el carné de un partido político». «No se puede –dijo— pedir austeridad a los consistorios y luego ceder el ancho del embudo a alcaldes socialistas». Pérez arremetió ayer precisamente contra el regidor de Constantina, Mario Martínez, «colocado» por el PSOE en la vicepresidencia de la Sociedad Sevilla Activa a pesar de que «no ha hecho ni una sola VPO en su pueblo en todos los años que lleva como alcalde». «Este señor, que no tiene estudios universitarios y es policía local de profesión, cobra 60.000 euros por llevar, en teoría, la vicepresidencia ejecutiva del ente público que se dedica a hacer en toda la provincia de Sevilla la vivienda pública», advirtió. Pérez considera que «en toda la provincia de Sevilla, debe haber alguien más capacitado y cualificado para llevar la dirección de la política de vivienda de Sevilla». «Ese ejemplo —añadió— se puede extrapolar al resto de puestos donde se ha colocado a aquellos políticos del PSOE que se han quedado descolgados de alguna administración».
El tribunal que evalúa el ingreso al Cuerpo regional de Bomberos, en la categoría bombero especialista, ha decidido anular el primer ejercicio de la oposición en curso, dando la razón a las quejas recibidas en mayo al término del examen.
En concreto, el tribunal tomó esta decisión el pasado 1 de julio por la mayoría de sus miembros, pero no ha sido hasta este miércoles cuando la Dirección General de Función Pública lo ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Tras las pruebas realizadas los días 28 y 29 de mayo, los sindicatos denunciaron que algunas de las preguntas en el ejercicio de bombero especialista no estaban en el temario cerrado y conocido, y que otras podían pertenecer mejor a un examen de cultura general que a un temario profesional y técnico.
En esos días, 2.659 candidatos optaron a 79 plazas para las categorías de bombero especialista y bombero conductor, y 1.252 de los aspirantes también se presentaron a la categoría de bombero conductor.
