El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la convocatoria para el próximo 24 de junio de las oposiciones a 193 puestos de peón, plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2007, 2008 y 2009, y para las que se presentarán un número de aspirantes cercano a los 13.000.
Según han informado a Europa Press fuentes municipales, se han admitido 12.063 aspirantes por el turno de acceso libre y en torno a los 500 opositores por el turno de discapacitados.
El examen para el turno libre, en este sentido, se va a llevar a cabo el próximo día 24 de junio del presente año, y se realizará por turnos o grupos de opositores que están citados tanto en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) como en diversas facultades de la Universidad de Sevilla -Derecho, Ciencias del Trabajo, Económicas, Turismo y Finanzas y Ciencias de la Educación, todas ellas sitas en el campus universitario de Ramón y Cajal-. El examen de las personas discapacitadas se hará por separado una semana después, aproximadamente.
No obstante, de todo ello se dará oportuna publicación tanto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) como en la página web del Ayuntamiento. El Consistorio, al respecto, reivindica haber mantenido su compromiso con el empleo público, "frente a los rumores sobre la posible no celebración".
El Ayuntamiento, añaden las fuentes consultadas, se ha esforzado para mantener una convocatoria en la que "muchas personas han depositado sus esperanzas de conseguir un empleo" y conjugarlo con la nivelación presupuestaria necesaria poder hacer frente al esfuerzo económico que requiere la situación económica.
La Agencia Española de Protección de Datos acaba de sancionar con 4.000 euros de multa a los responsables de una academia de preparación de oposiciones de Gijón, a los que la citada agencia considera autores de una «infracción grave».
El proceso sancionador cuya conclusión se acaba de hacer pública dio sus primeros pasos en febrero de 2010. Por aquel entonces la Policía Local de Gijón localizó en un vertedero ilegal, en el barrio de Tremañes, documentación confidencial de opositores que cursaban sus estudios en la academia sancionada.
Los responsables del centro de formación aseguraron en su defensa durante el proceso sancionador que habían contactado con una empresa de transportes encargada de llevar la documentación a un punto limpio de la empresa municipal Emulsa.
A pesar de todo, los responsables de la Agencia de Protección de Datos mantienen que «el responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal», recoge la sanción.
Un extremo que no se cumplió en este caso, ya que los documentos deberían haberse destruido. Por ese motivo, según la Agencia de Protección de Datos, «no exonera de la responsabilidad de la denunciada la existencia de un recibo firmado por un tercero, en todo caso la documentación que debía recoger el transportista debía estar ya triturada», concluye el informe elaborado por la Agencia de Protección de Datos.
El deber de confidencialidad obliga, según los responsables de la sanción, «no sólo al responsable del fichero, sino a todo aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento».
No obstante, y tras haber tenido en cuenta el «carácter excepcional» de lo sucedido que los sancionadores aprecian en la localización de los ficheros arrojados al vertedero ilegal, la Agencia de Protección de Datos considera que estos hechos conllevan una multa de 4.000 euros a pesar de que se trata de una infracción tipificada como «grave».
Este caso recuerda al vivido por un médico gijonés al que la Agencia Española de Protección de Datos sancionó en su día por arrojar a la vía pública, concretamente en la calle Libertad, envases de biopsias en los que se recogían datos personales de los clientes del facultativo.
Las oposiciones de Secundaria se retrasarán hasta 2013 en casi todas las comunidades según ha anunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de manera que este año no van a convocar plazas y evitar así el 'efecto llamada'.
"Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta, en muchos casos, antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.
El ministro ha explicado que, dentro del criterio de reposición del profesorado establecido por el Gobierno para este año -una tasa del 10 %-, muchas autonomías han optado por acumular la oferta de este año y la del siguiente con el objetivo de que supere la "masa crítica necesaria para que el coste (de la convocatoria) no fuera excesivo".
A este motivo se une, según Wert, el de aprovechar la coyuntura para "reflexionar" este año sobre el sistema actual de formación inicial y selección del profesorado. "Hay quienes piensan que hay que aprovechar esta inesperada oportunidad para hacer una revisión de la formación y selección del profesorado. Todos estamos preocupados por la excelencia", ha aseverado.
Algunas comunidades si que convocarán plazas
Ante la decisión de algunas autonomías como Andalucía, País Vasco, Madrid y Canarias de seguir adelante con la oferta de empleo público, el titular de Educación ha señalado que desde su departamento no se ha impuesto nada, sino sólo se ha explicado el límite establecido por el Gobierno y cada comunidad puede darle el "uso" que considere oportuno.
Asimismo, ha reiterado que en esta Conferencia Sectorial se ha intentado la "convergencia" de todas las comunidades sobre la posibilidad de acumular convocatorias con el objetivo de que no se produzcan "desequilibrios tectónicos" y se evite el denominado 'efecto llamada'.
Tres años de Bachillerato
En cuanto al cambio de la estructura del sistema educativo, que contempla la ampliación del ciclo de Bachillerato de dos a tres años, el ministro no ha querido entrar en detalles, solo ha advertido de que no se pretende rebajar la edad de la educación obligatoria, que actualmente se establece en los 16 años.
"De ninguna manera ello supone rebajar, para quienes no sigan la vía del Bachillerato, la condición obligatoria de la enseñanza hasta los 16 años. No voy a entrar en el tecnicismo de la forma de resolverlo, pero el reparto en la Secundaria será de tres años de ESO y tres de Bachillerato", ha explicado.
Wert ha indicado que para esta reforma es necesario el "mayor consenso posible" y ha destacado que en la reunión con los consejeros se ha solicitado al ministerio una evaluación del impacto y costes que supone la nueva estructura. No obstante, ha dicho que su intención es que esta medida se apruebe este año.
"La ley no se va a llevar al Consejo de Ministros del viernes, pero sí probablemente (se apruebe) este año. Queremos que la reforma venga rodeada del máximo consenso y, conseguir esto, lleva tiempo. La determinación queremos hacerla compatible con la paciencia", ha añadido.
El ministro y los consejeros han compartido la "preocupación" por la tensión financiera que atraviesan la mayoría de las comunidades autónomas y la voluntad para hacer frente a las tasas de abandono temprano del sistema educativo. En este sentido, ha insistido en el "reto exigente" de reducir la tasa de abandono del 28 % al 10 en 2020.
Revisión profunda de la Formación Profesional
Asimismo, el ministro ha celebrado el "amplio acuerdo" de la Conferencia Sectorial para dar respuesta al paro juvenil que asciende al 47 % y "conectarlo" con algunas facetas de sistema educativo, mediante la "revisión profunda" tanto de la Formación Profesional reglada como de la formación ocupacional.
Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.
