Según el diario Córdoba, la querella --presentada por un grupo de aspirantes que se sintió afectado-- sostenía que el proceso fue amañado para favorecer a familiares y allegados de miembros del SEIS --"integrantes todos ellos del sindicato CCOO"--, de tal forma que estos conocían las preguntas de la prueba con antelación y se "pergeñó" un sistema para identificar sus exámenes a la hora de corregirlos. Además, se excluyó el requisito de la posesión del carnet tipo C, del que no disponían algunos de los querellados. Así, la acusación particular solicitó recientemente penas de cuatro años para cada uno de los nueve imputados por prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. Sin embargo, el fiscal considera que "la exhaustiva investigación criminal realizada no nos lleva a poder incriminar a personas concretas las infracciones penales imputadas", dado que la querella "se basa en suposiciones cuya solidez es más que discutible".
El fiscal señala, por ejemplo, que si no se exigió el carnet tipo C fue por "un cambio de decisión a nivel de Ayuntamiento". Y en relación al supuesto sistema para identificar a los aspirantes a los que había que beneficiar, y que consistiría en dejar en blanco la pregunta 23, reconoce que los siete querellados no la contestaron, pero solo se ha podido relacionar a 3 o 4 como parientes o allegados de bomberos, sin mencionarse en cambio "a numerosos hijos también de miembros del cuerpo que se presentaron a esta oposición y no aprobaron". Así, según señala el fiscal, "mal se entiende la orquestación de todo este 'montaje' para favorecer solamente a 3 o 4 'candidatos de la casa".
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